Un grupo de ciudades de América Latina y Europa unieron fuerzas para llevar adelante un proyecto cuya intención es recuperar el derecho de las personas, y en especial de las mujeres, a disfrutar de la ciudad en la que viven.
Por Gustavo Borda
Cada semana, tres millones de personas se incorporan a la cotidianidad de las ciudades de los países en desarrollo. Según datos recientes de Naciones Unidas, en la actualidad más de la mitad de la población mundial vive en urbes. Espacios que rara vez suelen brindar igualdad de oportunidades de participación, desarrollo y seguridad a hombres y mujeres. Ante este panorama, que suele reflejarse en una disminución de la calidad de vida y la protección social (fundamentalmente de las mujeres, que son quienes en mayor medida engrosan las cifras de los denominados pobres urbanos —debido a su mayor dificultad para acceder a un empleo formal—), un grupo de ciudades de América Latina y Europa, entre ellas Bogotá (Colombia), Escazú (Costa Rica), Diadema (Brasil), Morón (Argentina) y Sant Boi de Llobregat (España), y la organización «Mujer y Sociedad» (Perú) unieron fuerzas para desarrollar en conjunto un proyecto cuya intención principal fue el recuperar el derecho de las personas, y en especial de las mujeres, a disfrutar con libertad de la ciudad en donde viven. La iniciativa llevó el nombre de Derecho a una Ciudad Segura y Equitativa para las Mujeres, y apuntó a lograr que la transversalidad de género estuviera presente en las políticas públicas, y a instalar, en cada uno de los territorios de las ciudades parte de esta experiencia, aprendizajes que contribuyesen a desarrollar capacidades y habilidades vinculadas con el tema. En un mundo donde el espacio público es pensado y construido en función de las necesidades y los modos de circulación de los varones, el proyecto Derecho a una Ciudad Segura y Equitativa para las Mujeres se propuso, entre otras cosas, garantizar que las mujeres pudieran circular libres de todo tipo de violencia por las ciudades.
La idea de avanzar con este proyecto surgió en 2007, en el Seminario Eurolatinoamericano de la Red Mujeres y Ciudad «Más mujeres y más democracia», realizado en Quito. Fue en este ámbito donde apareció la necesidad de reunir y capacitar a los representantes de diversos espacios de gestión de políticas públicas en perspectiva de género. Si bien en los últimos diez años se han dado importantes avances en la inclusión de la perspectiva de género y los derechos de las mujeres, la situación está lejos de ser la ideal, lo cual queda claramente evidenciado por algunos datos de la realidad. En el reciente encuentro anual de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), celebrado en Santiago del Estero, del que participaron unas 200 juezas y agentes judiciales del país, se hizo hincapié en la necesidad de capacitarse sobre un tema que solo en el primer semestre de 2012 en el país tuvo 119 mujeres o niñas víctimas de femicidio o femicidio vinculado, y otras 50 que se encuentran en estado de gravedad. Situación que llevó al Congreso Nacional a debatir la inclusión de la figura de «femicidio» en el Código Penal, tal como sucede en países como Nicaragua, Bolivia, Perú, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala y México. «En los últimos años hemos estado viviendo una especie de desaceleración en cuanto al avance de la defensa de los derechos de las mujeres y de la labor que deben realizar los gobiernos locales. Existen muchos logros pero todavía faltan saltos cualitativos importantes para lograr la igualdad y la equidad de género; los gobiernos locales tienen una responsabilidad de respuesta para mejorar la calidad de vida de más de la mitad de la población de sus ciudades, por lo que es indispensable que tomen acciones para incorporar la perspectiva de género en la planificación y ejecución de las políticas públicas y contribuir a promover el derecho a una ciudad segura y equitativa para las mujeres», dice Celia Víquez, representante de la ciudad de Escazú, Costa Rica.
La idea del proyecto Derecho a una Ciudad Segura y Equitativa para las Mujeres es, precisamente, que la sociedad civil visibilice la violencia de género en las ciudades y pueda capacitarse en perspectiva de género. Uno de los logros de este proyecto fue la publicación del Manual de herramientas para el monitoreo de la transversalidad de género en las políticas públicas, en el cuál se describe bien qué se entiende por «ciudades seguras y equitativas para las mujeres».
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Para la elaboración de este manual, se redactó el marco teórico con el que se trabajó en el proceso de monitoreo y de capacitaciones llevadas a cabo en cada una de las ciudades. Además se diseñó una escala de medición de la transversalidad de género en las políticas públicas, con el objetivo de institucionalizar esas herramientas en los gobiernos participantes y profundizar el trabajo en género de cada una de las urbes.
«Las condiciones en materia de género son variadas en cada ciudad, aunque la cimiente de discriminación y las brechas de género están presentes en todas por igual. Si bien existen avances en los países europeos y en América del Sur, todavía nos queda un largo camino por recorrer», afirma Víquez. Desde un comienzo, la idea de esta iniciativa, que contó con una amplia participación ciudadana en todas las ciudades, fue que no sean solamente las mujeres feministas y las históricas las que se sumaran a la idea, sino que sea una herramienta que sirviese para unir diversas fuerzas que estuviesen interesadas en ser parte de una gran red social vinculada al tema. Entre otros logros, este proyecto permitió, por ejemplo, que en la ciudad de Bogotá se comenzará a medir la violencia hacia las mujeres en el espacio público, a partir de la transversalidad del enfoque de género en el sistema de información de violencias y delitos; además de que en la ciudad de Diadema se creara la Coordenadoria de la Mulher; y que en la de Escazú se comenzará a trabajar en la incorporación de un lenguaje más inclusivo. Por su parte, en Morón, la iniciativa hizo que se instalara un nuevo concepto: el de seguridad humana; y en Sant Boi, España, que se implementara un acuerdo de nuevos usos del tiempo, realizado a partir de la identificación (mediante la construcción de indicadores) de las formas de emplear, distribuir y organizar el tiempo en la ciudad. «Para Escazú, este proyecto fue muy importante, ya que el intercambio de experiencias entre las ciudades que participaron de él fortaleció el trabajo en género en nuestra ciudad. Tenemos la convicción de que el proyecto requiere un trabajo más profundo y con constante seguimiento», dice Celia.
Cabe destacar que la apropiación del proyecto por parte de las ciudades integrantes de la red fue realizada respetando las diferencias y las identidades de cada una. Esto permitió que pudieran establecer sus propias prioridades, su modalidad y su estrategia de trabajo.
La ejecución del proyecto Derecho a una Ciudad Segura y Equitativa para las Mujeres fue una fabulosa herramienta que contribuyo a fortalecer las políticas de género en varias ciudades de la región, y un gran aporte a la construcción de ciudades con perspectiva de género.
Lo es igual a decir: ciudades donde las necesidades y el uso diferenciado del espacio público entre varones y mujeres fueran innovadores; y en las que el concepto de seguridad no estuviese unidimensionalmente ligado al delito y la criminalidad, sino que fuera trabajado articuladamente con las políticas de desarrollo estratégico y urbanismo.
Una ciudad segura es, por sobre todas las cosas, una ciudad donde todos y todas pueden ejercer libremente sus derechos (vivienda, trabajo, libertad…).
