Se agudiza el conflicto por el agua en el norte argentino
Por Anabella Almonacid Fernández
La preservación del agua debería entenderse como el resguardo de un bien común y vital para el desarrollo socioeconómico y ambiental de una población. Al menos así lo establecen todos los tratados internacionales a los que adhiere el país. Sin embargo, en Argentina existen más de 7 millones de personas que aún no cuentan con acceso al agua, gestionada de forma segura y disponible para el consumo en su casa, según datos publicados por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. La situación se agrava en las provincias del norte argentino, con una marca diferencia entre las zonas rurales y urbanas. Las causales de esta situación giran en torno a la gran cantidad de territorio sometido al ejercicio del modelo extractivista, la depredación de los recursos naturales y la contaminación, mientras que las consecuencias impactan directamente en la salud y calidad de vida de la comunidad.
A nivel internacional, diferentes documentos normativos se refieren al acceso del agua, todos coinciden en mencionarlo como un derecho humano inalienable. En primer lugar, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua realizada en Mar del Plata en 1977 reconoció que, independientemente del nivel de desarrollo económico, «todos los pueblos tienen derecho a acceder al agua potable en cantidad y calidad iguales para las necesidades esenciales de todos». Posteriormente, este derecho fue reconocido explícitamente en una serie de tratados de derecho internacional con carácter vinculante, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979 (CEDAW); la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 (CDN), y la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, 1990. El derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso al agua y saneamiento, también fue reconocido explícitamente en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en 1994. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas –en una correcta interpretación del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – en su Observación General Nº 15 entendió que el derecho al agua se deriva de los artículos 11 y 12 de ese Pacto, fijando así su alcance y contenido.
Ahora, fronteras adentro, la realidad es muy diferente. En números concretos, esta problemática afecta a una población de 2.100 millones de personas e impacta directamente en los indicadores de salud. La precariedad en materia de higiene y la falta de acceso al agua están relacionadas también a otras enfermedades como cólera, disentería, fiebre tifoidea y hepatitis A. En diálogo con este medio, la doctora Sandra Ibarra, del Hospital Distrital Juan Carlos Salinas de la provincia de Santiago del Estero, explicó que la falta de agua apta para el consumo humano «es un tema muy sensible en la región y las personas no son conscientes de la magnitud de la afectación. Muchas veces, consumen agua de pozos, que almacenan de la lluvia, o de represas, que comparten con los animales. Es una realidad que golpea con mayor impacto a la población infantil, ya que se observan casi permanentemente casos de gastroenteritis seguida de su complicación más común, la deshidratación. La mayoría de los pobladores del campo son de muy bajos recursos económicos y no pueden costear los medicamentos. Mientras que, en el caso de los habitantes del pueblo, persiste la lucha por la instalación de agua de red». Tal como lo indica la doctora, la falta de acceso al agua es un tema muy sensible y con gran impacto en la región norte del país, teniendo en cuenta que puede registrar temperaturas de más de 50 grados centígrados en verano.
Esta situación fue denunciada en la Primera Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, que se realizó del 15 al 17 de septiembre en la provincia de Catamarca, donde funciona desde 1990 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbrera, a sólo 40 kilómetros de la ciudad de Andalgalá y a 300 de la capital provincial. Sorprendentemente, la empresa contó con la autorización para emplear más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total de la provincia, y a nivel energético representa el 86 por ciento del consumo total. Ante este panorama, los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.RA.), asambleas socioambientales, movimientos campesinos, organizaciones sociales y de derechos humanos se reunieron para visibilizar y defender el derecho al agua como derecho humano para los pueblos: «Porque sin agua no hay vida, ninguna posibilidad de vida humana ni de cualquier otro tipo», manifestaba la consigna de la cumbre.
En este sentido, Bolivia es el único país de América Latina en considerar el acceso al agua potable como un «derecho humano universal». A partir de esta medida, inició obras para llevar agua potable a todo el país, en condiciones de servicio y no de negocio. Pero en Argentina, la problemática es más compleja porque debajo de los suelos, al igual que en parte de Brasil, Paraguay y Uruguay, se encuentra el tercer mayor reservorio de agua dulce del mundo. Con casi 1.200 millones de kilómetros cuadrados de extensión, el acuífero Guaraní podría ser el bien más preciado del futuro. Existe un acuerdo internacional para estudiar y proteger esta zona, que fue firmado en 2010 por los cuatro países abarcados, pero todavía falta que Paraguay lo ratifique para que entre en vigor. En definitiva, el acuífero contiene agua potable, que está protegida por un kilómetro de profundidad, y es un recurso que los países deben proteger. Tal como decía el periodista y escritor latinoamericanista, Eduardo Galeano: «De agua somos. Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda».
