Zona de sacrificio
Proyecto de ley de modificación de la Ley 7722 de minería
Por Ayelen Dichdji
Grupos ambientalistas y ciudadanos defienden el agua en Mendoza.
La Ley 7722, sancionada el 20 de junio de 2007, una vez más se puso en jaque. La legislación establece la defensa de los recursos hídricos de la Provincia de Mendoza. Prohíbe la utilización de sustancias químicas como: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales obtenidos mediante cualquier método extractivo. Así se indica con fuerza en su primer artículo, no cabe duda el objetivo concreto de protección y defensa del agua.
Durante el 2018, no obstante, se intentó con vehemencia modificar esta normativa beneficiando la megaminería a cielo abierto, actividad que contamina los cursos de agua de la zona cuyana. La iniciativa surgió del senador Alejandro Abraham, del bloque Unidad Ciudadana, contó con el apoyo del gobierno provincial y empresarios mineros. La mencionada ley obtuvo su dictamen hace 7 años, luego de movilizaciones y luchas de los vecinos autoconvocados de Mendoza junto a grupos socioambientales. Una conquista que marcó un parteaguas en la batalla por la defensa del ambiente y los recursos naturales. Es decir que contó con el sustento teórico, científico y social brindado por académicos, docentes universitarios, profesionales, ciudadanos, etc.
No está de más recordar que, desde la segunda mitad de la década de los noventa hasta las dos primeras décadas del nuevo milenio, en Argentina se pueden observar diferentes ejemplos resonantes de conflictos socioambientales que acontecieron en torno a esta problemática. Sin pretensiones de exhaustividad consideramos significativo hacer mención de casos que han acaparado, de una u otra manera, la atención de la esfera pública. Y que, además, han desafiado diferentes medidas de acción de resistencia de grupos sociales en defensa de la naturaleza, poniendo en entredicho la relación sociedad-ambiente en los últimos años.
Frente al creciente surgimiento de los conflictos socioambientales en nuestro país, como señalábamos, se destacan aquellos vinculados a los proyectos extractivos de minería a cielo abierto como es el caso de Mendoza, La Rioja, Catamarca, entre otros. El rechazo a estas iniciativas consolidó la emergencia de movimientos sociales y la legislación restrictiva, por lo menos, en siete provincias de nuestro territorio. En este sentido, la década de los noventa se presenta como el contexto primordial con la llegada de inversores extranjeros a la actividad y la modificación del Código de Minería que privilegia la inserción de empresas privadas incrementando la explotación minera en el país. Otras provincias afectadas por esta actividad son Córdoba y San Juan.
Estos ejemplos tienen como denominador común no sólo las manifestaciones masivas de rechazo, los escraches, los cortes de ruta, las charlas educativas, la conformación de asambleas, sino también los peligros de contaminación de las aguas ya que algunos de estos proyectos se localizan cercanos a fuentes hídricas, e incluso en la parte alta de las cuencas. En particular, Mendoza reafirmó en 2015 la constitucionalidad de las leyes restrictivas de minería metalífera sancionadas a mediados de la década.
Se advierte, así, que en el caso de la Ley 7722 la disputa gira en torno no sólo a la defensa concreta del agua, sino a la eliminación del texto original del sintagma «y otras sustancias similares». En principio cualquier desprevenido podría no reparar en la gravedad del hecho, pero ¿qué implica específicamente esta modificación? Que las corporaciones mineras no podrán utilizar cianuro, mercurio ni ácido sulfúrico, pero sí cualquier otro elemento nocivo para la salud de los seres humanos y de la naturaleza.
Nuevamente, como ya es costumbre en estos casos, lo antedicho evidencia el incremento del conflicto en diferentes zonas de nuestro país. En la inmensa mayoría de los casos la actividad minera, en esas geografías, se presenta como una posibilidad de desarrollo económico. Además, aparenta consolidar puestos de trabajo en detrimento de las condiciones de vida, la salud y el ambiente. En otro orden de consideración, las demás líneas del proyecto tenían artículos de segundo orden como: la asignación específica de los recursos que se generen y un impuesto extra de regalías para generar más recursos al Estado.
Grupos ambientalistas como Greenpeace calificaron al proyecto como una medida lamentable. Su vocero, Gonzalo Strano, sostuvo: «En pleno siglo XXI, es inaudito que continúe existiendo la idea de que las actividades mineras traerán progreso, cuando está sumamente comprobado en todo el mundo, y con ejemplos claros en Argentina, su poder destructor. En una provincia como Mendoza, que tiene emergencia hídrica, pensar en modificar esta ley para favorecer a las trasnacionales mineras es ir en contra del bienestar de los ciudadanos y de su derecho a un ambiente sano». Por otra parte, Enrique Viale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas exclamó: «Lamentamos que el lobby minero haya desplegado sus tentáculos sobre el poder político con el proyecto de modificación de la Ley 7722 hecho a medida de las grandes transnacionales mineras. Ni siquiera se trata de un debate que confronte ambiente y trabajo: no existe un solo lugar en el mundo que tenga desarrollo social y económico con la gran minería. Por el contrario, las zonas más pobres del país y del mundo están relacionadas con el avance de esta actividad».
Organizaciones sociales y ambientales autoconvocadas reclamaron frente a la Legislatura de Mendoza presentando un escrito en el que expresaban su rotundo rechazo a esta modificación. El texto establece la defensa de la ley vigente que «protege el agua de Mendoza», una ley «gestada por el pueblo (…) como fruto de debates, foros y jornadas en ámbitos académicos, legislativos y populares». Asimismo, explica la necesidad de «impulsar las economías regionales y apoyar el desarrollo de la agroecología y de las energías limpias». También sostienen que «la crisis hídrica pone en riesgo no sólo la producción de alimentos, sino el acceso al agua para consumo humano». La protesta consiguió juntar más de 25 mil firmas y, finalmente, frenaron el proyecto.
La defensa de fuentes hídricas en contraposición a la explotación minera se presenta como un fenómeno multifacético y de gran complejidad. Mantiene puntos de intersección y características comunes entre los diversos casos, ubicados en diferentes puntos geográficos. Lo cierto es que, en todos ellos, se esconde un mismo modelo de desarrollo y dimensiones sociales, ambientales, económicas, políticas y culturales para tener en cuenta en su análisis. En este sentido, la actividad minera compite con las actividades económicas/productivas de las zonas donde se asientan los proyectos. Esto, unido a los impactos ambientales, alerta a los pobladores locales y potencia la concientización de la ciudadanía sobre los riesgos que implica esta actividad generando un incremento de la protesta social.
