En el pasado mes de marzo, el Estado australiano formalizó un significativo aumento de impuestos a la extracción de hierro y carbón que llevan a cabo empresas multinacionales en ese país. Se trata de una experiencia de especial interés para el debate en Latinoamérica y el mundo, en torno a la difícil cuestión minera.
Por: Maximiliano López
El 19 de de marzo, el parlamento australiano finalmente aprobó, luego de dos años de pujas, un aumento en los impuestos al sector minero. Específicamente, a la extracción y la producción de hierro y carbón, dos actividades hegemónicas dentro del sector. El impuesto, una de las banderas más importantes del actual gobierno liderado por la laborista Julia Gillard, si bien terminó siendo moderado por el lobby ejercido desde las empresas mineras en relación con la propuesta original (la tasa impositiva pasó del 40% al 30% y fue focalizada en sectores puntuales), representa un precedente importante, salvando diferencias, para otros países ricos en recursos que se encuentran en una disyuntiva similar frente a la rápida expansión de la megaminería multinacional. No obstante, a la oposición de la derecha se suma también la de la izquierda ambientalista; la cual alega que la medida solo tiene objetivos fiscales y no busca cambiar el actual esquema de explotación.
El nuevo impuesto entrará en vigencia a partir del 1 de julio de este año. Representa una victoria elemental para las aspiraciones del gobierno australiano actual que, desde comienzos de su gestión, venía batallando por él y busca reelegirse. La medida es una respuesta desde el Estado al enorme crecimiento de la actividad minera en ese país: las empresas (en su mayoría, multinacionales) que se desempeñan en el sector exportaron por 87 mil millones de dólares en el último año.(1) Una cifra elocuente, que habla de uno de los sectores que más renta y beneficios ha conseguido dentro de la pujante economía australiana.
La posición del gobierno laborista es clara. El viceprimer ministro y titular del Tesoro, Wayne Swan, dijo, respecto de las presiones provenientes del sector minero para dar marcha atrás, que «un puñado de intereses egoístas han acumulado una desproporcionada fracción del éxito económico de la nación y ahora sienten que tienen el derecho de darle forma al futuro de nuestro país para satisfacer sus propios deseos».(2) Se trata de una decisión sin precedentes, tomada en un país desarrollado pero aún con una alta dependencia de los commodities. A partir de esa decisión, el gobierno busca una mayor diversificación de la economía y un Estado fuerte. Todo esto se da en un contexto internacional en el que los diferentes Estados-nación del mundo, sea de la condición que fueran, están buscando poner límites a la fenomenal acumulación económica del sector privado, que persiste aun en tiempos de crisis.
Canción de hierro y carbón
Australia es uno de los pocos países desarrollados que no ha entrado en una espiral económica recesiva. Su PBI y el ritmo económico general se han mantenido en un gradual, moderado pero sostenido ascenso. Esta excepción se debe al boom de los commodities que viene extendiéndose desde principios de la década pasada; entre estos se incluyen el hierro y el carbón, dos de los principales recursos económicos de la isla.
El aumento desregulado de la actividad minera en ese país produjo enormes ganancias a los grupos inversores, muchos de ellos estadounidenses, británicos y chinos, además de australianos. No obstante, la baja presión impositiva ejercida sobre la actividad derivó en ingresos a las arcas públicas que no se condicen con lo obtenido en el sector privado gracias a los recursos extraídos.
Desde el año 2010, frente al panorama descrito, el gobierno del entonces primer ministro Kevin Rudd pateó el tablero y propuso un aumento impositivo del 40% para la actividad minera en general. La propuesta resultó ser indigerible para las megaempresas del sector. Estas, lideradas por Georgine Rinehart, una de las empresarias del sector que posee la mayor fortuna del país, iniciaron, mediante un desembolso de 22 millones de dólares inyectados en diferentes medios afines de alguna u otra manera, una campaña de rechazo frontal a la ley y de desprestigio hacia el exjefe de Gobierno.(3)
La campaña orquestada por la cúpula de empresas mineras provocó, en seis meses, una crisis institucional tal en el gobierno, que derivó en la renuncia de Kevin Rudd. Luego asumió la actual primer ministro, Julia Gillard, quien, a causa de la presión ejercida por el lobby minero, se vio obligada a rever el proyecto.
Al poco tiempo de asumir, Julia Gillard y su equipo de gobierno se adaptaron a las nuevas circunstancias, sin que ello haya significado borrar las ambiciones de mayor soberanía en la administración de tan preciados recursos. El proyecto de ley, luego de negociaciones con la oposición liberal-conservadora, el sector minero y actores de la sociedad civil que representan a grupos sociales expuestos a estas actividades, pasó de abordar un posible aumento impositivo del 40% a la actividad minera en general a enfocarse exclusivamente en la extracción de hierro y carbón, reduciendo a un 30% el aumento de impuestos para ambos sectores.
Lejos de ser una derrota, la iniciativa es un triunfo del Estado y la sociedad civil en un contexto en el cual el sector minero multinacional se coaliga a intereses muy poderosos. Defendida con inteligencia y precisión política por parte del oficialismo, resistió nuevas embestidas y fue aprobada en el parlamento. No obstante, enfrenta la oposición de grupos ambientalistas, que acusan al gobierno de no ir más a fondo en su propuesta inicial de reconversión económica en base a la reducción de la actividad minera, y otras, que provocan daños a la ecología.
Más allá de las críticas, las poblaciones de los lugares donde existen complejos mineros está contemplada. La ley indica que los ingresos provenientes de las mencionadas actividades serán destinados al refortalecimiento del sector educativo y el sistema público de salud. Sobre todo, en las zonas mineras. Además, en ella quedaron reglamentadas una serie de multas y penalizaciones en caso de que alguna compañía que se desempeña en ese rubro no cumpla con los parámetros de sustentabilidad productiva y ambiental establecidos.
La experiencia australiana como precedente para otros países: posibilidades y limitaciones
Como se mencionó anteriormente, la reforma impositiva sobre la extracción y la producción de hierro y carbón en Australia representa un caso que debería ser seguido con atención por muchos gobiernos. Especialmente, los latinoamericanos, inmersos en el marco del proceso de reformas sociales y económicas iniciado a principios de la década de 2000 y que se encuentran en pugna por lograr una significativa redistribución de recursos económicos.
La disputa entre dos entes poderosos, como representan en este caso al Estado australiano (mucho más rico que el argentino, con habitantes que tienen una mayor calidad de vida en general, etc.) y las multinacionales mineras que se desempeñan en aquella nación (con mucho mas poder de fuego que las instaladas aquí), permite elaborar cuestionamientos sobre algunas ideas en torno a la situación de la minería en nuestro país y la región. En especial, alrededor de la imagen, tan explotada por grupos ambientalistas y de izquierda, de que el esquema de explotación actual en el sector es equiparable al modelo de «economías de enclave», relacionado con el desempeño predador llevado a cabo por empresas de capital estadounidense como la célebre United Fruit Company, hace décadas, en Centroamérica.
En la actualidad, en tiempos del capitalismo tardío, los esquemas de explotación económica en general son mucho más complejos (con empresas que tienen su sede en países centrales o periféricos que no siempre actúan en un lugar lejano de las oficinas principales) y dificultan la conciliación de intereses por parte del poder político, el poder económico y la sociedad civil en un país como el nuestro, en donde aún se debe dar cuenta de muchas necesidades pendientes de resolver.
El proceso de crecimiento económico con inclusión social comenzado en Argentina y otros países de la región, como cualquier otro proceso político y económico orientado a la generación de mejores condiciones de vida, se encuentra sometido a una serie de contradicciones en torno a la problemática del desarrollo. Luego del largo proceso de reformas neoliberales basadas en la desindustrialización y la extranjerización de la economía, se dio inicio a una etapa de recuperación y reparación de las desigualdades sociales y económicas heredadas de esos años. No obstante, no se trata de un borrón y cuenta nueva; si bien es una nueva etapa, existen tanto cambios como continuidades. Muchas aristas derivadas del desarrollo económico actual se dan sobre bases legales implementadas en la década de los noventa. El marco legal dispuesto para el desarrollo minero en nuestro país es un ejemplo cabal de ello.
Más allá de las muestras y los actos de soberanía en varios aspectos del quehacer nacional, el gobierno argentino, así como los de Ecuador, Bolivia y Perú, por citar otros países de la región en donde hay una importante expansión de la actividad minera, con las respectivas tensiones sociales que desatan, se encuentran en una posición más frágil que el Poder Ejecutivo australiano. La necesidad de crear empleos todavía existe en diferentes regiones del país que fueron asoladas por la desindustrialización y la destrucción del tejido social y económico. Y, en este escenario, por más avances que haya habido en lo que concierne a redes y emprendimientos ligados a formas alternativas de trabajo y producción, propias de la economía social y el cooperativismo, las inversiones de las multinacionales mineras aún son vitales para generar trabajo a gran escala.
Sin embargo, con inteligencia, información y decisión política, se pueden abrir canales de negociación provechosos en los que cualquier Estado-nación latinoamericano puede salir airoso e imponer, al menos, condiciones fiscales más o menos acordes con las circunstancias, en casos puntuales. Veamos lo que sucede en Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa acaba de firmar un contrato con Ecuacorriente, una empresa minera china. En él, se establece que el Estado ecuatoriano será receptor del 52% de los ingresos. De todas maneras, más allá del avance que implica un contrato consensuado de forma equilibrada, ha motivado las ya clásicas protestas de ambientalistas frente a cualquier procedimiento de este tipo. Correa, frente al panorama mencionado, respondió: «No podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro».(4)
Entonces, si bien es cierto que la minería a cielo abierto provoca fuertes tensiones económicas, sociales y políticas en cualquier lugar, que están justificadas, dados los daños ambientales que provoca la actividad, representa en muchas regiones del país y del continente la única opción de desarrollo económico a gran escala, por el momento. Si hay algo que el Fausto de Goethe nos enseñó es que todo desarrollo (personal, social, económico, etc.) tiene su costo. La clave no está en despreciarlo. Está en que las fuerzas sociales y políticas mitiguen lo más posible esos costos.
Imponer condiciones a las multinacionales mineras significa un enorme desafío. Pero, si esas condiciones son acordes con la coyuntura actual y no están basadas en enfoques arcaicos,(5) se pueden abrir puertas que posibiliten un incremento significativo de beneficios que vayan a parar al Estado y estén disponibles para una diversificación económica a largo plazo, en zonas y regiones donde la minería representa una actividad hegemónica e indispensable para las economías locales.
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Fuentes consultadas:
(1) http://www.dfat.gov.au/publications/stats-pubs/mtd/australia_trade_1112.pdf.
(2) http://www.themonthly.com.au/rising-influence-vested-interests-australia-001-cent-wayne-swan-4670.
(3) http://www.smh.com.au/business/a-snip-at-22m-to-get-rid-of-pm-20110201-1acgj.html.
(4) http://www.petroenergia.net/noticia.php?id=6364.
(5) Como el que aplica cierta intelligentsia progresista (representada principalmente por ONG ambientalistas), por ejemplo, que ingenua o cínicamente pretende condenar más de doscientos años de desarrollo económico, considerándolo un error desastroso o una deliberada maldad de proporciones cósmicas.
