Argentina líder mundial en desmonte de bosques
Por Ayelen Dichdji
La deforestación se ha convertido, en los últimos años, en uno de los mayores problemas socioambientales que enfrentamos.
El 80% de la deforestación del país se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sin embargo, la Patagonia también está amenazada.
En nuestro país la deforestación de zonas que no eran originalmente agrícolas, pero que sí son explotadas para continuar con la expansión sojera se incrementan en forma alarmante. ¿Por qué son importantes estas áreas? los pulmones verdes detentan una función primordial en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua como también la conservación de los suelos, tal como señala la organización ambientalista Greenpeace.
Cabe cuestionarse, entonces, cuáles son las causas que motivan la destrucción y atentan contra nuestro propio devenir. Para comenzar debemos aclarar que los factores son múltiples, como sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Su análisis, por consiguiente, debe pautarse de acuerdo con las zonas o casos específicos, más allá de las generalidades y puntos de contacto que podamos encontrar entre los diversos y lamentables ejemplos.
En Formosa una de las principales causas es el avance de la ganadería intensiva, encabeza la lista como la provincia con mayor desmonte del país. Esto se vincula estrechamente con el aumento de las lluvias y las elevadas temperaturas que ciertamente son características de esta zona de Argentina, pero que se han agudizado en la última década. Según datos brindados por la ONG Greenpeace, desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 hasta el 2014, en esa zona se desmontaron 246.134 hectáreas. Esta cifra triplica el promedio anual de deforestación que se tenía allí previa a la sanción de la normativa.
Esto implica la desprotección de las áreas forestales, asimismo, revela el ilimitado avance de la frontera agropecuaria. De esta manera, se promueve la fragmentación de los bosques vulnerando inclusive los territorios de comunidades indígenas. Aun cuando la sanción de la Ley de Bosques (2007) fue una prueba más de los logros que alcanza la participación de la ciudadanía en los conflictos socioambientales, su implementación concreta todavía enfrenta problemas sin resolver.
La provincia de Santiago del Estero, por otro lado, perteneciente a la zona del Chaco Semiárido es una de las más perjudicadas por esta situación. El 50% de la superficie se desmontó entre el 2000 y 2012. A su vez, un estudio elaborado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) sostiene que las características socioeconómicas y ambientales de la zona, junto a los conflictos territoriales, dan cuenta de la necesidad primordial de un análisis exhaustivo de los procesos de deforestación, y su relación con la Ley de bosques puntualmente sobre su cumplimiento.
En el último lustro, el 20% de la superficie sufrió transformaciones en el suelo producto del avance de los monocultivos. De ello se desprenden otros conflictos, como el denunciado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MOCASE-VC) sobre hostigamiento, explotación de trabajadores rurales, saqueo de recursos naturales y desalojos. En este contexto, la expansión del modelo sojero, la agriculturización de las tierras, los desmontes de los bosques nativos – entre otros múltiples factores- son ejemplos concretos del impacto que estas actividades tienen sobre la vida de las comunidades.
Los desmontes en Salta, igualmente, certifican una situación crítica cuyo impacto no es sólo ambiental, sino también social. Allí se desmontaron 400.000 hectáreas, equivalente a 18 veces la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales 120.000 eran zonas protegidas. ¿Cómo es esto posible? Si bien la Ley de Bosques permite la modificación de las áreas protegidas cada cinco años, en este caso, el exgobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, facilitó esas actualizaciones en un menor lapso que el establecido en la normativa nacional.
En este aspecto, pese a las denuncias y reclamos de diversas organizaciones socioambientales (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Red Yaguareté, Taller de Comunicación Ambiental, Asociación Civil Sin Fines de Lucro Morillo, Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Salta, ECOSUR, Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, entre otras dentro de las 60 que firmaron el documento), el exgobernador de Salta realizó «en forma sistemática recategorizaciones prediales valiéndose de los decretos 2211/10 y 3136/11 que permiten excepciones que violan la norma nacional».
No debemos olvidar, además, que las inundaciones son otra de las consecuencias que trae aparejada la deforestación de los bosques nativos. Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la ONG, aseguró que «las inundaciones que recurrentemente sufrimos todos los veranos no son un fenómeno natural, son consecuencia de que Argentina sea uno de los diez países del mundo que más deforestan. Estamos perdiendo a nuestra esponja natural por el avance descontrolado de la soja y la ganadería intensiva. Menos bosques es sinónimo de más inundaciones». En este sentido, resulta alarmante las cifras que arrojan los estudios realizados por el Instituto de Tecnología Agropecuaria: una hectárea con bosque chaqueño absorbe en una hora 300 milímetros de agua, mientras que una con pasturas 100 milímetros, finalmente una con soja tan solo 30 milímetros.
En consecuencia, en el caso de Chaco, se advierte que es la provincia donde «más bosques se destruyeron entre 2016 y 2019, con un importante aumento de los desmontes ilegales: más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques (54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas)», indica la ONG.
Esto evidencia la connivencia entre los gobiernos provinciales y grandes empresarios agropecuarios. ¿Por qué? Básicamente, porque las medidas gubernamentales permiten que estas compañías obtengan con facilidad permisos para deforestar donde la normativa nacional lo prohíbe. Esto supone condenar, por ejemplo, más de 3 millones de hectáreas de bosque chaqueño.
Por su parte, la Red Agroforestal Chaco Argentina declara que «la Ecoregión Chaqueña constituye el área de bosques nativos más importante de la Argentina, que son un recurso indispensable para la vida en este territorio». Otro de los motivos de la pérdida acelerada de bosques nativos es el uso de la madera, la extracción de tanino, la creación de durmientes de ferrocarriles o postes de alambrados o carbón. Es decir que, la explotación forestal de los bosques tiene diversas características que se suman al avance de la frontera, como señalamos al inicio de esta nota.
Esto revela la ausencia de técnicas y conocimientos (e intenciones) para la reforestación de las áreas que asegurar la regeneración de las especies. Contrariamente a lo deseado se explotan los ejemplares más fuertes y sanos hasta su extinción. Desde la Fundación Vida Silvestre, afirman que una de las razones para este comportamiento es «la escasa rentabilidad y consecuente informalidad del sector forestal. Sumado a esto, la falta de acceso al asesoramiento técnico y al uso de las mejores tecnologías disponibles agravan la situación». Asimismo, la Fundación indica que los bosques «contienen el 65 % de la diversidad biológica terrestre del planeta, aportan a las poblaciones humanas fuentes de proteínas, plantas medicinales, materiales para la construcción y combustible, en forma directa. Y, en forma indirecta, contribuyen a la conservación de las fuentes de agua, la prevención de inundaciones y protección de los suelos».
Tampoco se puede ocultar otra de las mayores causas que estimula el saqueo de los bosques nativos: la especulación inmobiliaria. Durante 2019, al sur de nuestro país en la localidad patagónica de Villa La Angostura, se intentó construir una autopista y un barrio privado en áreas naturales. El proyecto fue frenado por la comunidad mapuche del lugar. Como señala el abogado ambientalista Enrique Viale esto es «una desmesura impulsada por la especulación inmobiliaria».
En definitiva, los desmontes en diversas zonas de nuestro país acarrean serios problemas socioambientales. El impacto de esta desenfrenada actividad es plural viéndose afectada la superficie del suelo, la regulación hídrica, el incremento en las emisiones de efecto invernadero y la capacidad de absorción. Asimismo, genera la pérdida de biodiversidad y la potencial extinción de especies de la flora y fauna, como también conflictos socioeconómicos y socioculturales para las comunidades que habitan las áreas deforestadas. Colocándolas en una posición de vulnerabilidad extrema al no poder hacer uso de los recursos que brinda la naturaleza para su subsistencia de forma sustentable. En suma, se potencia el desequilibrio social, la desigualdad económica y se agudiza la crisis ecológica.
