Un laberinto de drogas, violencia y sexo.
Es una problemática que afecta fundamentalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad económica y afectiva. Qué hay detrás de este negocio clandestino que traspasa todos los límites.
Por Gimena Rubolino
Es lo peor que puede pasarle a una mujer: ser explotada sexualmente con fines lucrativos. Los reclutadores suelen deambular por aquellas zonas de gran pobreza estructural, donde fácilmente puede prender la idea de algún engaño: vas a trabajar de mucama, vas a trabajar de doméstica, de secretaria, etc.
«En general, son engañadas sobre la base de la necesidad económica, y siempre se les ofrece traslado a algún lugar lejano, una promesa de trabajo que aparece como verosímil, y después, una vez que se efectúa el traslado pagado por el reclutador, comienza el proceso que se llama servidumbre por deuda», explica Gustavo Vera, fundador de La Alameda, ONG que día a día lucha contra este negocio ilícito.
«Se llega al lugar del destino y, cuando esa persona cae en la cuenta de que lo que prometieron que iba a ser en realidad no es, le empiezan a exigir que les devuelva la deuda a través de servicios sexuales, y si se niega viene un proceso que se conoce habitualmente como ablande… El ablande es un proceso en el que esa mujer no es explotada sexualmente hasta que no sea doblegada su voluntad. Doblegada a través del encierro, por ejemplo», agrega Vera.
En el caso de que la mujer se resista, es decir, no acepte brindar servicios sexuales, el reclutador ejerce una violencia muy fuerte que puede ser física o una amenaza a sus seres más queridos, para quebrar la voluntad de la mujer raptada.
Cuando se logra quebrar la voluntad de esta persona, es integrada al circuito de explotación sexual. Pero también hay una forma más habitual de someter a las víctimas: el recurso de la droga; muchas de las víctimas son adictas, o las hacen adictas en el proceso, e incluso dealers.
Una víctima de esta red ilícita fue Karina Ramos, que después de muchos años pudo realizar su denuncia en La Alameda y recibir ayuda.
«Cuando tenía 20 años y vivía en Mar del Plata, conocí en un cumpleaños a un chico encantador que me dijo que trabajaba en una planta de gas. Todo era tan increíblemente perfecto que al poco tiempo me fui a vivir con él, sin darme cuenta de que estaba firmando mi sentencia de muerte —cuenta Karina—. Un par de meses después, me dijo que tenía un cabaret y que quería que trabajara para él. Como le dije que no, me mandó violar, después me violó él, pero lo peor era que me amenazaba con matar a mi hijo. Entonces me quedé trabajando ahí durante dos años».
Un día no aguantó más y se escapó a Buenos Aires con su hijo; como no conocía a nadie, cayó nuevamente en la prostitución.
«Llegué al boliche Black (en Ayacucho y Alvear) por no tener recursos. En ese momento me entrevistó el gerente, que me explicó las reglas. Las chicas de salón íbamos al hotel de los clientes. Las bailarinas, a veces, hacen los “pases” en el VIP. Esto es muy reservado, no para todos; cuesta 500 pesos. Para la chica quedan 100, y para el local, 400», cuenta Karina, mientras aclara que nunca la obligaron a consumir drogas, pero sí a venderlas en los prostíbulos.
Según la información brindada por La Alameda, existen alrededor de 1.200 prostíbulos en Capital Federal, de los cuales hay por lo menos 800 que están judicializados. Entre los puntos de mayor concentración, se destacan: Once, Constitución, el microcentro, Recoleta y Liniers.
Lo llamativo y preocupante es que la ciudad de Buenos Aires no tiene ningún procesado por trata.
«Esto dice bastante acerca de la íntima vinculación entre las redes de trata y la propia corporación política. Y, por otra parte, el propio Ministerio de Justicia, si bien te dice que rescató miles de victimas, no te puede decir qué pasó exactamente con las víctimas que logró rescatar, porque no se aplican los mecanismos de contención necesarios por parte de la Oficina de Rescate y de Protección del Testigo —explica Vera—. Apenas alojan al denunciante o a la víctima unos pocos días, y después dejan a la víctima librada a su propia suerte y vuelve a caer en el poco tiempo en las mismas redes donde fue presa. Es éste uno de los puntos que se está discutiendo en la reforma de la ley de trata».
La Alameda no se conforma, y son muchas las acciones que realiza desde hace cuatro años para combatir esta red ilícita: desde verificar las denuncias que reciben hasta rescatar víctimas.
«En general, venga de donde venga la denuncia, siempre nos tomamos el trabajo de chequearla a través de filmaciones que después nos sirven de soporte. Cuando hacemos la denuncia, como sabemos perfectamente que no estamos en un país donde la justicia está acostumbrada a funcionar como corresponde, tratamos de que eso se filme, para que lo vea la sociedad y pueda fiscalizarlo también —sostiene Vera—. En lo que respecta a las víctimas, hemos podido rescatar más personas de trata laboral que de trata sexual, porque de trata laboral ha sido mucho más sencillo para nosotros el proceso de contención y reinserción laboral. Porque, en el caso de explotación sexual, es combinado con la adicción, y eso requiere un nivel de especialización que ni La Alameda ni ninguna ONG tiene en la Argentina».
Con respecto a la intervención del Gobierno, Gustavo Vera sostiene que «se ha limitado a intervenir espasmódicamente ante los escándalos, detener a “perejiles” periféricos y no seguir nunca la ruta del dinero».
La excepción a la regla es Córdoba, que ha sacado una ley provincial para cerrar todos los prostíbulos y está combatiendo en estos mismos días, deteniendo tratantes, rescatando víctimas y cerrando masivamente esos lugares. Hay algunos municipios que también son excepción; por ejemplo: Mar del Plata, Santa Rosa de La Pampa, Gualeguaychú, Piedra Buena.
Pero es muchísima la cantidad de mujeres que son víctimas de trata y no pueden ser rescatadas por la falta de apoyo del Gobierno, por lo que esta minoría no es mucho lo que puede hacer. Un efectivo gubernamental, a mediano y largo plazo, que siga la ruta de dinero, tenga un protocolo de asistencia a las víctimas con su correspondiente seguimiento, que no se detenga en la cadena de responsabilidades, y que expropie los bienes de todos los esclavistas, es lo que está haciendo falta para combatir este flagelo en forma responsable. Será cuestión de que el pueblo argentino exija su implementación.
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