Ley de fertilización asistida: un paso adelante en la ampliación de derechos
Por: Maximiliano López.
La aprobación de la ley que posibilita los tratamientos de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires es un precedente clave para su reglamentación y regulación a nivel nacional.
La Ley de Fertilización Asistida de la Provincia de Buenos Aires (N.º 14.208), aprobada en diciembre del año pasado por el Poder Legislativo de esa jurisdicción, junto con avances que se han hecho en otras provincias acerca de este tema, representan pasos importantes en materia de salud reproductiva argentina. Está abriendo las puertas de una legislación a nivel nacional que posibilita realizar el tratamiento a un gran espectro de individuos, no solo de las clases pudientes, sino también de los sectores medios y populares.
El establecimiento de un marco normativo y regulatorio para las técnicas de fertilización artificial responde a una necesidad social caracterizada por el aumento de los problemas de fertilidad existentes en parejas de diferentes sectores socioeconómicos, las cuales se encuentran imposibilitadas, por razones laborales o de diversa índole, a procrear en la etapa vital apta para la reproducción, entre los veinte y los treinta años. A esa edad son pocos los matrimonios de clase media-baja y media estándar, por ejemplo, que toman como prioridad tener un hijo.
Los cambios sociales y económicos que se han producido a lo largo de las últimas tres décadas han dado como resultado el escenario mencionado. A medida que la participación femenina en el mundo laboral ha ido en aumento, de forma inevitable y como efecto secundario de este fenómeno, también fue cambiando el momento de procrear. En la actualidad, el promedio de edad en la que una pareja decide tener familia ronda por la segunda mitad de los treinta (35-40 años), en muchos casos sin éxito, por problemas de fertilidad.
La ley aprobada por el Poder Legislativo bonaerense declara a la infertilidad como una enfermedad. Establece la posibilidad de realizar tratamientos para parejas en las que la mujer tenga entre treinta y cuarenta años, siempre y cuando los cónyuges puedan probar dos años de residencia efectiva en la jurisdicción. Así, el Estado concederá la posibilidad de realizar hasta dos tratamientos a cada mujer (uno por año), aunque un Consejo Consultivo evaluará la posibilidad de un tercer intento si hiciera falta. Además, declara como pareja infértil a aquella que tiene un año de relaciones habituales sin protección y no logró un embarazo en dicho lapso. El plan de asistencia que provee la legislación toma como prioridad a las parejas que nunca pudieron concebir hijos y excluye a aquellas que tengan que hacer tratamientos de donación de óvulos o semen. Estos últimos son casos minoritarios, ya que la mayoría de los tratamientos necesitan de una intervención sencilla basada en la medicación.
La normativa a nivel provincial apunta a que pueda ser perfeccionada por medio de la aprobación de una ley similar a nivel nacional, que incluiría tratamientos más complejos. Una vez que entre en vigencia este marco regulatorio,la República Argentinaentraría en el selecto grupo de países que han establecido leyes que posibilitan la fecundación asistida como Australia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, España e Italia.
La constitución e implementación de una Ley de Fertilización que rija en todo país traería consigo un efecto democratizador que daría una ayuda esencial a aquellas parejas que quieren tener hijos pero que, a la vez, conviven con el problema de la infertilidad que les imposibilita procrear y no pueden acceder a los costosos tratamientos. Los seis mil tratamientos de fertilización que se realizan por año representan una cifra ínfima frente al dato aproximado que oscila entre el 15% y el 20% de las parejas en todo el país que se encuentran en esa situación. Se trata de un porcentaje importante que sigue ascendiendo.
Si bien dicha legislación rige, por ahora, en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa (con marcos regulatorios más limitados las últimas cuatro), son precedentes que han sido tomados en cuenta por el Poder Legislativo dela Nación. La Cámarade Senadores ha aprobado recientemente un marco normativo y regulatorio sobre fecundación asistida a nivel nacional. Todavía queda por tratarse en la Cámara de Diputados, donde se encuentra en proceso de análisis a cargo de diferentes comisiones.
Existen nodos de oposición y dudas respecto al proyecto de ley a nivel nacional. Los primeros que han planteado dudas han sido sectores de la salud privada. Argumentan su posición a partir del posible encarecimiento de los planes y obras sociales con la implementación de los procedimientos de fertilización artificial. No se oponen al proyecto en sí, pero advierten que, a diferencia de los marcos regulatorios aprobados a nivel provincial, una hipotética ley nacional de fertilización debe contemplar inversiones y subsidios estatales.
A la oposición de los servicios privados de cobertura médica por causas de rentabilidad económica, también se le suman dudas dentro del área de salud pública; alegan que el sistema no se encuentra en condiciones de implementar dichos tratamientos por falta de una infraestructura adecuada y de recursos humanos formados para la implementación de los procedimientos debidos. Si bien reconocen que las diferentes legislaciones a nivel provincial representan un avance significativo en la materia, no contemplan si la infraestructura pública sanitaria está en condiciones de incluir este tipo de tratamientos. Apuntan a que el problema radica en que se comenzó a legislar sobre fertilización asistida, sin que se resuelva el modo y los medios de cómo reglamentarla ley. Así, el punto nodal que causa dudas en muchos actores de la salud pública es la falta de instalaciones adecuadas y de una inversión significativa en materia de Recursos Humanos, a fin de brindar una atención de calidad a los pacientes que se sometan al procedimiento.
Las críticas provenientes del área de salud pública y privada relacionadas a cómo se quiere implementar las diferentes legislaciones provinciales sobre el tema son ciertas. No obstante, la aprobación de una ley de fertilización asistida para todo el país asumiría esas posturas y contemplaría todos los recursos (de infraestructura, de recursos humanos, etc.) para que pueda ser cumplida de forma eficiente y no haya efectos colaterales que signifiquen problemas.
Los sectores ligados a posiciones conservadoras y religiosas dentro de la sociedad apuntan a cuestiones de moral. Tienen una fuerte postura en contra a partir del punto en el que la ley contempla la donación anónima de óvulos necesarios para la realización del tratamiento. Esta posición premoderna proveniente de una parte importante del sector religioso choca con un aspecto importante y esencial de los tratamientos de fecundación asistida.
Más allá de las objeciones fundamentadas en cuestiones práctico-sanitarias, ideológicas o religiosas, el establecimiento de un marco regulatorio que posibilite a cientos de parejas que se encuentran en situación de infertilidad a acceder a las técnicas de fecundación asistida responde a una necesidad social característica de los tiempos actuales. Por lo tanto, es absolutamente lógico que un Estado orientado a la ampliación de derechos, como se ha visto en los últimos años a partir de las conquistas en materia de derechos civiles, sociales y económicos claves para el bienestar de la ciudadanía, contemple, con los recursos humanos y de infraestructura necesarios, a los tratamientos de fecundación artificial como una opción posible para las personas que los necesitan.Por: Maximiliano López.
La aprobación de la ley que posibilita los tratamientos de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires es un precedente clave para su reglamentación y regulación a nivel nacional.
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La Ley de Fertilización Asistida de la Provincia de Buenos Aires (N.º 14.208), aprobada en diciembre del año pasado por el Poder Legislativo de esa jurisdicción, junto con avances que se han hecho en otras provincias acerca de este tema, representan pasos importantes en materia de salud reproductiva argentina. Está abriendo las puertas de una legislación a nivel nacional que posibilita realizar el tratamiento a un gran espectro de individuos, no solo de las clases pudientes, sino también de los sectores medios y populares.
El establecimiento de un marco normativo y regulatorio para las técnicas de fertilización artificial responde a una necesidad social caracterizada por el aumento de los problemas de fertilidad existentes en parejas de diferentes sectores socioeconómicos, las cuales se encuentran imposibilitadas, por razones laborales o de diversa índole, a procrear en la etapa vital apta para la reproducción, entre los veinte y los treinta años. A esa edad son pocos los matrimonios de clase media-baja y media estándar, por ejemplo, que toman como prioridad tener un hijo.
Los cambios sociales y económicos que se han producido a lo largo de las últimas tres décadas han dado como resultado el escenario mencionado. A medida que la participación femenina en el mundo laboral ha ido en aumento, de forma inevitable y como efecto secundario de este fenómeno, también fue cambiando el momento de procrear. En la actualidad, el promedio de edad en la que una pareja decide tener familia ronda por la segunda mitad de los treinta (35-40 años), en muchos casos sin éxito, por problemas de fertilidad.
La ley aprobada por el Poder Legislativo bonaerense declara a la infertilidad como una enfermedad. Establece la posibilidad de realizar tratamientos para parejas en las que la mujer tenga entre treinta y cuarenta años, siempre y cuando los cónyuges puedan probar dos años de residencia efectiva en la jurisdicción. Así, el Estado concederá la posibilidad de realizar hasta dos tratamientos a cada mujer (uno por año), aunque un Consejo Consultivo evaluará la posibilidad de un tercer intento si hiciera falta. Además, declara como pareja infértil a aquella que tiene un año de relaciones habituales sin protección y no logró un embarazo en dicho lapso. El plan de asistencia que provee la legislación toma como prioridad a las parejas que nunca pudieron concebir hijos y excluye a aquellas que tengan que hacer tratamientos de donación de óvulos o semen. Estos últimos son casos minoritarios, ya que la mayoría de los tratamientos necesitan de una intervención sencilla basada en la medicación.
La normativa a nivel provincial apunta a que pueda ser perfeccionada por medio de la aprobación de una ley similar a nivel nacional, que incluiría tratamientos más complejos. Una vez que entre en vigencia este marco regulatorio,la República Argentinaentraría en el selecto grupo de países que han establecido leyes que posibilitan la fecundación asistida como Australia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, España e Italia.
La constitución e implementación de una Ley de Fertilización que rija en todo país traería consigo un efecto democratizador que daría una ayuda esencial a aquellas parejas que quieren tener hijos pero que, a la vez, conviven con el problema de la infertilidad que les imposibilita procrear y no pueden acceder a los costosos tratamientos. Los seis mil tratamientos de fertilización que se realizan por año representan una cifra ínfima frente al dato aproximado que oscila entre el 15% y el 20% de las parejas en todo el país que se encuentran en esa situación. Se trata de un porcentaje importante que sigue ascendiendo.
Si bien dicha legislación rige, por ahora, en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa (con marcos regulatorios más limitados las últimas cuatro), son precedentes que han sido tomados en cuenta por el Poder Legislativo dela Nación. La Cámarade Senadores ha aprobado recientemente un marco normativo y regulatorio sobre fecundación asistida a nivel nacional. Todavía queda por tratarse en la Cámara de Diputados, donde se encuentra en proceso de análisis a cargo de diferentes comisiones.
Existen nodos de oposición y dudas respecto al proyecto de ley a nivel nacional. Los primeros que han planteado dudas han sido sectores de la salud privada. Argumentan su posición a partir del posible encarecimiento de los planes y obras sociales con la implementación de los procedimientos de fertilización artificial. No se oponen al proyecto en sí, pero advierten que, a diferencia de los marcos regulatorios aprobados a nivel provincial, una hipotética ley nacional de fertilización debe contemplar inversiones y subsidios estatales.
A la oposición de los servicios privados de cobertura médica por causas de rentabilidad económica, también se le suman dudas dentro del área de salud pública; alegan que el sistema no se encuentra en condiciones de implementar dichos tratamientos por falta de una infraestructura adecuada y de recursos humanos formados para la implementación de los procedimientos debidos. Si bien reconocen que las diferentes legislaciones a nivel provincial representan un avance significativo en la materia, no contemplan si la infraestructura pública sanitaria está en condiciones de incluir este tipo de tratamientos. Apuntan a que el problema radica en que se comenzó a legislar sobre fertilización asistida, sin que se resuelva el modo y los medios de cómo reglamentarla ley. Así, el punto nodal que causa dudas en muchos actores de la salud pública es la falta de instalaciones adecuadas y de una inversión significativa en materia de Recursos Humanos, a fin de brindar una atención de calidad a los pacientes que se sometan al procedimiento.
Las críticas provenientes del área de salud pública y privada relacionadas a cómo se quiere implementar las diferentes legislaciones provinciales sobre el tema son ciertas. No obstante, la aprobación de una ley de fertilización asistida para todo el país asumiría esas posturas y contemplaría todos los recursos (de infraestructura, de recursos humanos, etc.) para que pueda ser cumplida de forma eficiente y no haya efectos colaterales que signifiquen problemas.
Los sectores ligados a posiciones conservadoras y religiosas dentro de la sociedad apuntan a cuestiones de moral. Tienen una fuerte postura en contra a partir del punto en el que la ley contempla la donación anónima de óvulos necesarios para la realización del tratamiento. Esta posición premoderna proveniente de una parte importante del sector religioso choca con un aspecto importante y esencial de los tratamientos de fecundación asistida.
Más allá de las objeciones fundamentadas en cuestiones práctico-sanitarias, ideológicas o religiosas, el establecimiento de un marco regulatorio que posibilite a cientos de parejas que se encuentran en situación de infertilidad a acceder a las técnicas de fecundación asistida responde a una necesidad social característica de los tiempos actuales. Por lo tanto, es absolutamente lógico que un Estado orientado a la ampliación de derechos, como se ha visto en los últimos años a partir de las conquistas en materia de derechos civiles, sociales y económicos claves para el bienestar de la ciudadanía, contemple, con los recursos humanos y de infraestructura necesarios, a los tratamientos de fecundación artificial como una opción posible para las personas que los necesitan.Por: Maximiliano López.
La aprobación de la ley que posibilita los tratamientos de fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires es un precedente clave para su reglamentación y regulación a nivel nacional.
[showtime]
La Ley de Fertilización Asistida de la Provincia de Buenos Aires (N.º 14.208), aprobada en diciembre del año pasado por el Poder Legislativo de esa jurisdicción, junto con avances que se han hecho en otras provincias acerca de este tema, representan pasos importantes en materia de salud reproductiva argentina. Está abriendo las puertas de una legislación a nivel nacional que posibilita realizar el tratamiento a un gran espectro de individuos, no solo de las clases pudientes, sino también de los sectores medios y populares.
El establecimiento de un marco normativo y regulatorio para las técnicas de fertilización artificial responde a una necesidad social caracterizada por el aumento de los problemas de fertilidad existentes en parejas de diferentes sectores socioeconómicos, las cuales se encuentran imposibilitadas, por razones laborales o de diversa índole, a procrear en la etapa vital apta para la reproducción, entre los veinte y los treinta años. A esa edad son pocos los matrimonios de clase media-baja y media estándar, por ejemplo, que toman como prioridad tener un hijo.
Los cambios sociales y económicos que se han producido a lo largo de las últimas tres décadas han dado como resultado el escenario mencionado. A medida que la participación femenina en el mundo laboral ha ido en aumento, de forma inevitable y como efecto secundario de este fenómeno, también fue cambiando el momento de procrear. En la actualidad, el promedio de edad en la que una pareja decide tener familia ronda por la segunda mitad de los treinta (35-40 años), en muchos casos sin éxito, por problemas de fertilidad.
La ley aprobada por el Poder Legislativo bonaerense declara a la infertilidad como una enfermedad. Establece la posibilidad de realizar tratamientos para parejas en las que la mujer tenga entre treinta y cuarenta años, siempre y cuando los cónyuges puedan probar dos años de residencia efectiva en la jurisdicción. Así, el Estado concederá la posibilidad de realizar hasta dos tratamientos a cada mujer (uno por año), aunque un Consejo Consultivo evaluará la posibilidad de un tercer intento si hiciera falta. Además, declara como pareja infértil a aquella que tiene un año de relaciones habituales sin protección y no logró un embarazo en dicho lapso. El plan de asistencia que provee la legislación toma como prioridad a las parejas que nunca pudieron concebir hijos y excluye a aquellas que tengan que hacer tratamientos de donación de óvulos o semen. Estos últimos son casos minoritarios, ya que la mayoría de los tratamientos necesitan de una intervención sencilla basada en la medicación.
La normativa a nivel provincial apunta a que pueda ser perfeccionada por medio de la aprobación de una ley similar a nivel nacional, que incluiría tratamientos más complejos. Una vez que entre en vigencia este marco regulatorio,la República Argentinaentraría en el selecto grupo de países que han establecido leyes que posibilitan la fecundación asistida como Australia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, España e Italia.
La constitución e implementación de una Ley de Fertilización que rija en todo país traería consigo un efecto democratizador que daría una ayuda esencial a aquellas parejas que quieren tener hijos pero que, a la vez, conviven con el problema de la infertilidad que les imposibilita procrear y no pueden acceder a los costosos tratamientos. Los seis mil tratamientos de fertilización que se realizan por año representan una cifra ínfima frente al dato aproximado que oscila entre el 15% y el 20% de las parejas en todo el país que se encuentran en esa situación. Se trata de un porcentaje importante que sigue ascendiendo.
Si bien dicha legislación rige, por ahora, en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa (con marcos regulatorios más limitados las últimas cuatro), son precedentes que han sido tomados en cuenta por el Poder Legislativo dela Nación. La Cámarade Senadores ha aprobado recientemente un marco normativo y regulatorio sobre fecundación asistida a nivel nacional. Todavía queda por tratarse en la Cámara de Diputados, donde se encuentra en proceso de análisis a cargo de diferentes comisiones.
Existen nodos de oposición y dudas respecto al proyecto de ley a nivel nacional. Los primeros que han planteado dudas han sido sectores de la salud privada. Argumentan su posición a partir del posible encarecimiento de los planes y obras sociales con la implementación de los procedimientos de fertilización artificial. No se oponen al proyecto en sí, pero advierten que, a diferencia de los marcos regulatorios aprobados a nivel provincial, una hipotética ley nacional de fertilización debe contemplar inversiones y subsidios estatales.
A la oposición de los servicios privados de cobertura médica por causas de rentabilidad económica, también se le suman dudas dentro del área de salud pública; alegan que el sistema no se encuentra en condiciones de implementar dichos tratamientos por falta de una infraestructura adecuada y de recursos humanos formados para la implementación de los procedimientos debidos. Si bien reconocen que las diferentes legislaciones a nivel provincial representan un avance significativo en la materia, no contemplan si la infraestructura pública sanitaria está en condiciones de incluir este tipo de tratamientos. Apuntan a que el problema radica en que se comenzó a legislar sobre fertilización asistida, sin que se resuelva el modo y los medios de cómo reglamentarla ley. Así, el punto nodal que causa dudas en muchos actores de la salud pública es la falta de instalaciones adecuadas y de una inversión significativa en materia de Recursos Humanos, a fin de brindar una atención de calidad a los pacientes que se sometan al procedimiento.
Las críticas provenientes del área de salud pública y privada relacionadas a cómo se quiere implementar las diferentes legislaciones provinciales sobre el tema son ciertas. No obstante, la aprobación de una ley de fertilización asistida para todo el país asumiría esas posturas y contemplaría todos los recursos (de infraestructura, de recursos humanos, etc.) para que pueda ser cumplida de forma eficiente y no haya efectos colaterales que signifiquen problemas.
Los sectores ligados a posiciones conservadoras y religiosas dentro de la sociedad apuntan a cuestiones de moral. Tienen una fuerte postura en contra a partir del punto en el que la ley contempla la donación anónima de óvulos necesarios para la realización del tratamiento. Esta posición premoderna proveniente de una parte importante del sector religioso choca con un aspecto importante y esencial de los tratamientos de fecundación asistida.
Más allá de las objeciones fundamentadas en cuestiones práctico-sanitarias, ideológicas o religiosas, el establecimiento de un marco regulatorio que posibilite a cientos de parejas que se encuentran en situación de infertilidad a acceder a las técnicas de fecundación asistida responde a una necesidad social característica de los tiempos actuales. Por lo tanto, es absolutamente lógico que un Estado orientado a la ampliación de derechos, como se ha visto en los últimos años a partir de las conquistas en materia de derechos civiles, sociales y económicos claves para el bienestar de la ciudadanía, contemple, con los recursos humanos y de infraestructura necesarios, a los tratamientos de fecundación artificial como una opción posible para las personas que los necesitan.
