Cuando la política se hace para «doña Rosa».
Por Martín Samartin
La tragedia de Once abrió el debate sobre la relación entre el Estado y las empresas privadas de servicios públicos. Las respuestas iniciales del gobierno nacional y «los palos en la rueda», ¿de dónde vienen? Responsabilidades políticas, herencia del pasado y vigencia del neoliberalismo en la mentalidad social.
Marzo llegó con vendaval. El trueno y la tormenta sellaron también el clima político. No sólo por lo que la tragedia de Once puso de manifiesto (las consecuencias de la concepción económica neoliberal profundamente instalada en nuestra sociedad mediante un extendido sistema de consensos y complicidades), sino además por la capacidad de reacción política del gobierno nacional ante las coyunturas de la gestión, lo cual no resuelve en última instancia la duda final que nos queda acerca de su capacidad de respuesta ante los problemas «de fondo», es decir, las cuestiones más estructurales, que suscita el saldo fatal de los 51 muertos y los 600 heridos de la formación 3772 de la ex línea Sarmiento. Una cosa es segura: si el gobierno nacional tiene responsabilidades políticas ante esta tragedia, también las tienen los gobiernos anteriores y —muy especialmente— el de Carlos Menem, presidente reelecto por el sufragio popular, y ejecutor (acompañado del conjunto de la clase política y de los medios de comunicación) de la «reforma» del Estado y de los negociados del establishment financiero. Cuando Bernardo Neustadt le contaba a «doña Rosa» que las empresas privadas iban a ser «más eficientes que el Estado Nacional» a la hora de administrar los servicios públicos, doña Rosa «compraba» ese discurso y votaba esas políticas. Ellos (el establishment, los monopolios privados, los medios de comunicación, la clase política servil a sus intereses, etc.) se adueñaron de todo, pero muchos de ellos son ahora los primeros en señalar con el dedo acusador al gobierno de Cristina Fernández. Primera diferenciación necesaria.
La segunda diferenciación necesaria surge del establecimiento de dos niveles de reacción gubernamental ante la tragedia ferroviaria y la escandalosa situación de desinversión en el sector, especialmente en las líneas que unen el conurbano pobre y «semipobre» con la Ciudad de Buenos Aires (cuya ciudadanía —recordemos— ratificó una vez más con su voto —y no hace tanto tiempo— a Mauricio Macri, un procesado en la Justicia, como jefe de Gobierno). En cuanto al gobierno nacional, habría que distinguir, como se dijo, dos niveles de respuesta: uno de coyuntura y otro más estructural. En relación con el primero de ellos, no sería ésta la primera vez que el gobierno nacional haya mostrado su capacidad de generar «hechos políticos» ante situaciones adversas. No hay que hacer demasiada memoria para recordar que muchas de las mejores iniciativas del kirchnerismo (Ley de Medios, reestatización de las AFJP, Asignación Universal por Hijo, etc.) surgieron de algunas de sus crisis políticas, y precisamente en medio de sus momentos más bajos de legitimidad social.
En el caso de los anuncios de la primera semana de marzo, tenemos que contabilizar lo siguiente: el envío al Congreso Nacional del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central; el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que regula el traspaso del servicio de Subterráneos, Premetro y colectivos urbanos al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y —aunque parezca una obviedad— el reemplazo obligado de Juan Pablo Schiavi por Alejandro Ramos en la Secretaría de Transporte, que fuera además acompañado por la promesa que hizo Julio de Vido de impulsar inversiones en la estructura de los ferrocarriles de carga. De lo que se trataría aquí, al menos en principio, es de un conjunto de medidas instrumentales. La modificación de la carta orgánica del Banco Central le permitiría a la entidad cumplir un rol más activo en la economía, no teniendo que limitar sus funciones únicamente al control del valor de la moneda. Estosupone un instrumento de financiamiento capaz de dinamizar la economía productiva, y ya no tan sólo mantener la política cambiaria, aunque para hacerlo efectivo será necesario modificar además la ley de entidades financieras (la ley vigente, que rige desde la dictadura, no establece ninguna obligación, en tal sentido, hacia la banca privada). El proyecto de ley para traspasar el transporte público metropolitano al ámbito del gobierno porteño parece ser el modo más efectivo y elegante de descomprimir el conflicto con el PRO —ante la estrategia opositora de Macri de diferenciarse del gobierno nacional aprovechando toda excusa que se le cruce por el camino—, al abrir el juego al Congreso y someter esta cuestión, tan sensible para la autonomía de la ciudad, al debate de todas las fuerzas políticas. Por último, el anuncio de inversiones en el sector ferroviario de carga no parece una medida ni remotamente suficiente ante la desinversión sostenida en el sector a lo largo de décadas, y particularmente no se relaciona con ninguna mejora en el servicio público de transporte; no obstante lo cual, habrá que esperar para ver cómo se articulan todas estas medidas con otras. Es decir, nos falta tener todavía la perspectiva completa de un plan. Falta saber también qué sucederá con la concesión de TBA, con las limitaciones de una CNRT con poder de fiscalización pero sin poder de policía, con la revisión de otras concesiones, como —por ejemplo—la de YPF, etc. Lo que podemos desear de todo esto es que estas medidas constituyan los primeros engranajes de algo más grande y mejor planificado que lo que había hasta ahora, un paso hacia un contexto distinto del que provocó la tragedia de Once, y no tan sólo un «amague para la tribuna».
Marzo llegó con vendaval. Que los docentes no trabajan escasas «cuatro horas», o que no tienen «tres meses de vacaciones», es algo que la jefa de Estado no puede ignorar. Con apenas dos expresiones tan poco felices, la Presidenta aisló socialmente el conflicto docente, sacándolo del ámbito ministerial donde corresponde la negociación, en una señal que debería ser leída políticamente: el disciplinamiento de la fuerza de trabajo ante todo. Por supuesto, toda la «tilingada» quedó satisfecha, como doña Rosa ante las consignas de Bernardo Neustadt en la época en que los «ramales que paraban» eran los «ramales que cerraban». Que los maestros «toman a los alumnos de rehenes», que los docentes «destruyen la educación pública», es la cantinela que ahora repite —aquí y allá— un coro de padres lívidos de rabia. ¿Es que no entienden que el derecho a la educación pública debe ser garantizado por el Estado, y no por la maestra de grado, y ni tan siquiera por los gremios docentes? El ministro de Educación, Alberto Sileoni, cerró unilateralmente la paritaria nacional, debido a la falta de acuerdo con los sindicatos. «Cerramos administrativamente lo que estaba cerrado políticamente», aseguró. Y expresó que la medida de fuerza es «incomprensible». Pero lo incomprensible aquí no es el reclamo docente, sino que la propia Presidenta enfrente a la sociedad con los educadores. Lo incomprensible es que un gobierno «nacional y popular» anteponga el juego político «entre la oposición y el oficialismo» al legítimo ejercicio de los derechos y las garantías que emanan del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Constitución está por encima de las leyes y de los gobiernos. Sería triste tener que recordar esto frente a un gobierno que ha hecho avances tan significativos en materia de derechos humanos y sociales.
«Con la huelga también se educa». La tarea de «enseñar a pensar» a nuestros niños va mucho más allá de los contenidos curriculares bajados por el Ministerio de Educación. Si el pensamiento se divorcia de las prácticas cívicas y del ejercicio efectivo de los derechos constitucionales, se convierte en un saber muerto, uno que sólo puede servir a los intereses de las clases dominantes. Parte del proceso de aprendizaje es la valoración del trabajo, del salario y de los derechos laborales. Esa clase específica de valorización social es parte de la educación pública que deben recibir nuestros niños, y es también la única manera en que pueden aprender la defensa legítima de sus derechos como educandos de hoy y como trabajadores de mañana.
Marzo llegó con vendaval. Mientras los docentes pelean por su salario a nivel nacional, en Buenos Aires, antes del cierre de matrículas, el Gobierno de la Ciudad emitió una resolución según la cual 143 grados de primaria y otros casi 100 más de enseñanza media serían cerrados y reubicados en otras escuelas, hacinando a cerca de 4.000 alumnos que se ven afectados por la medida. Esta resolución, sin embargo, no se ve acompañada por inversión en infraestructura y, al mismo, tiempo afecta una gran cantidad de cargos docentes ya designados. La medida involucra los distritos escolares 9 y 10, que comprenden zonas ubicadas entre Palermo y Núñez. Resulta evidente que, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires, los lotes son mucho más rentables para los negocios inmobiliarios que para la escuela pública. Los distritos 7, 8 y 2 de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron, el viernes 9 de marzo, a llevar a cabo distintas medidas de lucha, junto a gremios docentes, padres y alumnos. Una vez más, son las políticas macristas las que contribuyen a la unidad del campo popular, toda vez que el gobierno nacional comete algún desliz.
Marzo llegó con vendaval. Después de haber firmado con el gobierno nacional un acuerdo por el cual la Ciudad de Buenos Aires se comprometía a controlar los servicios de subterráneos y Premetro, Mauricio Macri ha decidido ahora (una vez más) hacerse el desentendido. Se trata de Mauricio Gran Bonete: «¿Yo, señor? ¡Sí, señor! ¡No, señor!». La falta de escrúpulos del jefe de Gobierno porteño es conocida, aunque al electorado de la ciudad le guste mirar para otro lado, como a doña Rosa. No importa que Mauricio utilice políticamente las 51 muertes de Once. Ante toda circunstancia, su juego consiste llevarle la contra al gobierno nacional, es decir: Mauricio ya está subido a la Campaña Nacional 2015, cuando todavía le quedan casi cuatro años de gobierno por delante en la ciudad. ¿Y qué hay de los porteños que le han dado su voto de confianza? ¡A quién le importa! ¡Ellos seguirán confiando en Mauricio! No interesa que Mauricio esté procesado por la Justicia. No cuenta para nada que Mauricio (des)gobierne la ciudad a través del veto y —aunque los edificios se caigan sobre la cabeza de los porteños— él sólo se dedique a promover negocios inmobiliarios (nuevos edificios que son, además, de pésima calidad). Tampoco interesa el cierre de escuelas públicas en los barrios más ricos. Nada de eso importa para el electorado fiel. Un dato: ¿ustedes recuerdan las excusas que ponía Mauricio para quitarles el presupuesto a la salud y a la educación públicas? Los hospitales y las escuelas se llenan de gente que viene del Conurbano, gente que no es de la ciudad de Buenos Aires, la frontera es «un colador», etc. (y la «tilingada» festejaba al oír ese estribillo). Muy bien, ahora que Mauricio quiere que sea el gobierno nacional el que administre los Subtes (y el que pague el costo político por las consecuencias de las reformas neoliberales que él mismo impulsa en la ciudad), dice que «la Ciudad de Buenos Aires es de todos los argentinos»… Sí: Conurbano y provincias incluidas… Aunque no se animó, de todos modos, a agregar que la ciudad también es «de los bolivianos y los paraguayos». Eso «pianta votos» en la «Capi». Siguen endulzándole el oído a doña Rosa.
Por otro lado, no es cierto lo que repite el gobierno porteño cuando señala que el Subte «continúa bajo la administración del gobierno nacional». ¿Quién implementó entonces el aumento del 127% en la tarifa del pasaje? ¿No fue el Gobierno de la Ciudad? Pero ahora parece que nunca se hubiesen enterado de lo que ellos mismos han ejecutado apenas dos días atrás. ¡Vergonzoso! La muletilla de la «eficiencia en la gestión», con la que Macri hizo campaña, y que tantos compraron, no era cuento: sólo que nunca dijeron a quiénes pensaba beneficiar. El Grupo Roggio es el sale ganando en este gran folclore neoliberal. ¿Mejoras en el servicio? Ninguna. Pero ahora resulta que Macri (después de haberte transferido a Roggio recursos provenientes del salario de los trabajadores que utilizan ese servicio para ir a producir) descubre que el estado de la infraestructura del Subte es «peligroso». Como se preguntaba Cristina Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: «¿Acaso Macri se pensó que era el alcalde Nueva York? ¿Acaso no conocía el estado y la antigüedad del subterráneo?».
La derrota que sufrió nuestra sociedad en la década del 90 tiene bastos alcances. La clase propietaria local y los representantes del gran capital financiero han ganado la subjetividad de ciudadano medio. Bernardo Neustadt sigue taladrando en la cabeza de un coro de mediocres que repite sin cesar las viejas canciones. Esta situación es imposible de modificar con medidas de corto alcance, o con discursos de coyuntura. Si el gobierno nacional ha de apostar a la política, tendrá que jugarse el pellejo e ir a fondo. Se está acabando el espacio político para las «medias tintas».
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