Defender lo sagrado
Los pueblos originarios y la sojización.
Por: Julieta Lorea.
El asesinato de Cristian Ferreyra refleja una vez más la lucha desigual que mantienen los pueblos originarios contra el poder del actual modelo agropecuario argentino.
La tierra no se negocia. Para algunos, la tierra no se comercializa ni se arrienda. La tierra se cuida como a la vida, porque entra en la categoría de lo sagrado. Criar animales, sembrar y proteger su cosecha fue lo que Cristian Ferreyra hizo desde que nació hace 23 años en aquel campo de la comunidad San Antonio, situada en Santiago del Estero. Creció junto a su tierra y rodeado de 800 familias que se autoabastecen en suelos ancestrales. Murió por defenderla, por aferrarse a ella con las uñas y los dientes de una hembra amenazada, con la intrepidez de un héroe romántico. La impunidad de este hecho da cuenta de la militarización llevada a cabo en los campos indígenas por parte de las grandes corporaciones económicas, y de la desprotección jurídica y estatal que sufren las comunidades originarias en su grito de soberanía.
El 16 de noviembre, el campesino indígena militante del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) Vía Campesina fue asesinado por un disparo de escopeta, y su compañero Darío Godoy fue herido de bala, cuando se negaban a abandonar su territorio, pretendido por terratenientes que anhelan expandir las plantaciones sojeras.
Marilena Santillán, militante de esta organización y compañera de Cristian, contó a El Gran Otro: «El día previo al asesinato hubo un conflicto por los desmontes que se estaban realizando, por el cual haríamos una denuncia. Eso fue lo que colmó el vaso y por eso actuaron con tanta alevosía, debían matar a alguien del MOCASE para que dejara de perturbar a los empresarios. Estos sicarios se presentaron en la casa de Ferreyra, armados a plena luz del día, y lo asesinaron delante de su mujer y su hijo». Javier Juárez, autor material del crimen, y su cómplice, Hugo Juárez, son hermanos que trabajan para el empresario Jorge Cicciolli, poseedor de 1.800 hectáreas del campo San Bernardo, ubicado en la localidad santiagueña de Monte Quemado. Cristian y su compañero Godoy ya habían realizado, en el mes de julio, denuncias contra el empresario, que no fueron escuchadas. «Nosotros pedimos juicio político al juez Alejandro Frignes porque, si él hubiera atendido en tiempo y forma nuestros reclamos, Cristian hoy estaría vivo», acusó Santillán.
Los muertos del agronegocio
El asesinato de Cristian Ferreyra es la tercera muerte que ha sufrido la organización MOCASE. «El año pasado fueron asesinados dos de nuestros compañeros a manos de la policía provincial, además de soportar reiterados hechos de violencia», declaró Marilena Santillán. En 2009, mataron en Tucumán a Javier Chocobar, miembro de la comunidad Chuschagasta, y en 2010, Sandra Juárez falleció de un paro cardíaco frente a una topadora que arrasaba su vivienda.
El pasado 23 de noviembre, se cumplió un año de la represión policial y del crimen de Roberto López, integrante de la comunidad La Primavera, en Formosa. Félix Díaz, líder qom de esa comunidad, expresó a esta revista: «Peleamos con un machete enfrentado a una escopeta. A pesar de esta lucha desigual, la justicia determina que los indígenas están armados, que son peligrosos. Los asesinos de López hoy están absueltos porque se estableció que fue en defensa propia, pero Roberto tenía cuatro balazos en la espalda. Eso no fue un enfrentamiento cara a cara».
La ley 26.160 de suspensión a los desalojos, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y el artículo 75 de la Constitución Nacional son algunas de las herramientas legales que protegen los derechos de las comunidades originarias, pero son ignoradas. «A pesar de que las tierras indígenas no se pueden embargar, enajenar, arrendar, se violan todas la leyes, todos los derechos constitucionales, porque no hay una garante de los mismos. Nosotros no somos considerados sujetos de derecho», manifestó Díaz a El Gran Otro.
Los que avanzan con la soja
La soja avanza como un poder imparable. Crece debajo de la tierra pero también camina sobre ella y la pisotea indiferente. Arrasa sin remordimientos con lo que se le antepone, porque ningún valor tienen la naturaleza y la vida humana para sus fines. Sin embargo, la reiterada utilización del término «avance» naturaliza la idea de un hecho irremediable, como un accidente en manos de nadie, que nadie premedita ni gobierna, sino que sólo sucede. Reparar sobre este término implica entender que detrás de este fenómeno existen intereses e interesados, existen sectores poderosos, existen asesinos y existen quienes avalan el crimen.
Argentina se posiciona como el tercer país exportador mundial de soja luego de Estados Unidos y Brasil. Las plantaciones de este cultivo se extienden a lo largo de 19,8 millones de hectáreas, lo que significa más del 50% del suelo agrícola cultivable del país. Esta concentración del campo argentino se debe a que la soja posee mayor rentabilidad que los procesos de cultivo tradicionales y, a partir de mejoramientos tecnológicos, se adapta fácilmente a distintos suelos; y su proceso casi no necesita mano de obra humana. La importancia del complejo sojero dentro del sistema financiero de nuestro país también resulta esencial: en 2011, la soja aportará al Estado el 57% del total de los recursos provenientes de los derechos de exportación, según un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
Ante la asfixia que producen los números, se asoma como un respiro la voz de aquellos que no miden ni calculan, sino que son junto a su tierra: «La mano de obra del hombre tiene que ver con el cuidado del trabajo y del suelo. Ahora todo se maneja con tecnología de primera mano que no mide la contaminación de la tierra ni la vida. Pero cómo explicarle a un científico, cómo enfrentar a la tecnología que está sirviendo a un sector minoritario pero adinerado a adueñarse de tantas leguas de campo. Ellos tienen el poder y el derecho de matar», sostuvo Félix Díaz.
A pesar de que Santiago del Estero, hace una década, no poseía un suelo propicio para la plantación de soja, hoy es uno de esos «territorios no tradicionales» a los que este cultivo llegó gracias a la mejora genética. El geógrafo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo Marcelo Giraud, en una entrevista con el periodista Darío Aranda, reveló que en 1996 había sólo 95.000 hectáreas con soja en la provincia. En 2008, habían aumentado a 629 mil hectáreas, y dos años después, en 2010, se alcanzó el record de 1,1 millón de hectáreas.
«Acá ya hace varios años que siembran soja. Vienen estos señores, como Cicciolli, que se hacen los buenos vecinos, nos dicen que ellos no quieren sembrar soja, sino que sólo estarían trasladando los animales aquí, pero es mentira, alambran todo y comienzan a usar nuestras tierras para la explotación de este cultivo», reveló Marilena Santillán.
Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA), en el período 2002-2006, la superficie deforestada en Santiago del Estero fue de 515 mil hectáreas; y más de 1 millón de hectáreas en todo el país, producto de la sojización.
Las comunidades indígenas son las grandes víctimas de estos números favorables para pocos; son las presas del actual modelo agropecuario argentino. Santillán se pregunta: «¿Contra quién peleamos? Luchamos con las políticas de progreso que buscan sacarnos de nuestros campos. El avance del agronegocio viene por nuestras tierras y amenaza nuestras vidas».
Así es como funciona la dinámica del capitalismo, que hace trizas aquello que para algunos aún es percibido como sagrado, y lo hace porque su empresa es, en términos heideggerianos, «provocar» a la naturaleza, volver disponible todo bien, transformarlo en recurso y reducir el mundo a operaciones de cálculo y rentabilidad.
Estado actual de la causa
El asesino material de Cristian Ferreyra, Javier Juárez, se encuentra detenido, pero su hermano Hugo Juárez continúa prófugo. El empresario Jorge Cicciolli declarará en los próximos días y actualmente está demorado en la Alcaldía de los Tribunales de Santiago del Estero. En tanto, el Gobierno provincial, a cargo de Gerardo Zamora, publicó un comunicado referido a la suspensión de desmontes por 180 días, la creación de una comisión multisectorial para el abordaje de los lugares de potencial conflicto en el campo, y gestionó una reunión entre las organizaciones campesinas y autoridades judiciales.
Marilena Santillán, sin embargo, mantuvo: «Ahora porque murió Cristian vuelven a discutir estos temas, pero todo el año pasado vinimos fracasando, viendo que esa mesa de emergencia, que contenía los mismos puntos a tratar, fue una farsa más del Gobierno».
