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El contexto social de pertenencia carga de oportunidades al desarrollo de los chicos. Pero también puede quitárselas. Cómo la ley promueve los derechos de la niñez, y la sociedad civil busca fomentar la igualdad.
Por Noelia Leiva
«Yo no quiero morirme nunca porque quiero jugar siempre», asegura el escritor Eduardo Galeano que un nene le dijo en Montevideo. De este lado del «charco», los pequeños se parecen: curiosidad y ganas de descubrir son su timonel, pero algunos están obligados a crecer rápido: las necesidades económicas les recortan las posibilidades de acceder a la educación y de recrearse, porque tienen que desempeñarse a la par de los grandes o cuidar hermanos mientras los adultos no están.
Ser niño implica oportunidades distintas según la realidad social en la que se está definido, pero existen leyes que resaltan cuáles son los derechos comunes para ese colectivo; y organizaciones solidarias que buscan restituirlos cuando son avasallados.
La casa donde se vive, la escuela a la que se va, la posibilidad de jugar que se tiene, la oportunidad de poner en palabras el mundo que se descubre en cada paso son algunas de las variables que atraviesan el crecimiento de los nenes y las nenas. El contexto en el que se encuentran influye en cómo ellas se cruzan en sus vidas.
«Cuando sos chico, llegás a un mundo en el que tu familia te hace lugar. No es lo mismo que sean personas con recursos afectivos y capital social a que no los tengan, más en los primeros años de vida, centrales para el desarrollo cognitivo e intelectual», ancla Juan Pablo Yovovich, docente y director de la Fundación de Organización Comunitaria (FOC), que integra el equipo directivo de la Red Nacional por el Derecho a la Educación.
Imbuida en esa afirmación, hay normas que pretenden garantizar la igualdad incluso en la diferencia. Es decir que las condiciones previas al nacimiento del pequeño no sean exclusivas determinantes de su destino. La ley nacional 26.061 y su par de la provincia de Buenos Aires, la 13.298, asumieron esa función pero con una mirada nueva que también contempla al niño en su medio social.
Es que, a diferencia del viejo paradigma del patronato, donde los chicos eran entendidos como «objetos de tutela» de los mayores, la modificación los convirtió en «sujetos de derecho» y, por lo tanto, poseedores de las decisiones sobre su vida, en un marco de contención y de acuerdo con su edad. El cambio —que comenzó a implementarse en 2005 y que, en el caso bonaerense, invitó a cada municipio a que incorpore Servicios Zonales de atención a las familias y Mesas locales de labor interdisciplinaria— implica que la opinión de los chicos será escuchada incluso en instancias judiciales y que su entorno vincular será, a menos que se compruebe lo contrario, el mejor lugar donde deban permanecer para su desarrollo.
Es decir que «no se puede ver sólo al niño, hay que observar a su familia nuclear, a la extendida (tíos, abuelos) y luego al barrio. Cuando el Estado no está en la salud o el trabajo de sus padres, esa niñez se hace difícil», consigna el titular de la asociación creada hace 21 años en la bonaerense Lomas de Zamora.
Un ejemplo de esa situación de vulnerabilidad fueron las consecuencias de la crisis institucional, económica y social de 2001 en Argentina, que generó necesidades que en muchas casas no podían contenerse. Entonces, la sociedad civil intervino mediante redes de promotores sociales y espacios de reconocimiento de los derechos. Luego de las primeras ollas populares que respondieron a la emergencia, organizaciones no gubernamentales fundaron jardines de infantes comunitarios, guarderías para que las mamás trabajadoras enviaran a sus hijos, espacios de capacitación en oficios o finalización de su escolarización. Esas son algunas de las prácticas que la FOC todavía implementa, además de talleres de producción periodística para que los pequeños sean «cronistas» de su realidad.
Tener la (propia) palabra
«El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, que incluirá buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo», determina el artículo 13 dela Convención Internacional de los Derechos del Niño, integrada a la Constitución Nacional desde 1990. El ejercicio de la palabra es, también, una herramienta aplicada al día a día que ayuda al crecimiento intelectual. La Escuela Especial 502 de Ezeiza entendió rápidamente ese precepto y convocó a alumnos, docentes y vecinos a formar parte de Radio Abrojos que, desde la frecuencia modulada 92.5, transmite la voz y la opinión de nenes y adolescentes.
«Cuando empiezan, a los 16 años aproximadamente, en general los une la curiosidad propia de la juventud. No hay cuestionamientos sobre si se puede hacer o no. Después viene la etapa de asumir roles, saber si esto va a pasar por su vida como algo anecdótico o va a definir su rumbo, porque en la adolescencia se empieza a descubrir el mundo, a apropiarse de espacios y reconocerse en una realidad», explica Samanta Matzke, una de las impulsoras del proyecto, que comenzó a andar en 1998.
Desde el emprendimiento, también se pueden cambiar escenarios: «El circuito social de donde provienen los chicos es vulnerable. Algunos atravesaron situaciones de una tristeza profunda, producto de la edad pero también de crisis familiares que vienen asociadas a problemas económicos. En estos años de recuperación, la radio sirvió para poder representar todo eso en palabras, como un espacio de contención entre pares que también se hace un tema de conversación con los adultos», rescata la periodista.
Y es nuevamente la palabra la mediadora de la subjetividad en construcción; por eso es responsabilidad de los adultos «garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les conciernan como sujetos de derechos», incluso en instancias judiciales, reza la ley 26.061.
Cuando se registran casos de oposición a la norma, las instituciones penales juveniles también actúan en sintonía con el paradigma vigente, y deberán atender a la voz de los chicos como valor por cuidar. Además, deberán ayudar a recuperar el vínculo del sujeto con su núcleo afectivo, a menos que se compruebe que es un ámbito dañino.
La influencia del contexto en el comportamiento de los individuos es otra vez evidente. «Un 90 por ciento de los chicos de 16 o 17 años que recibimos no está escolarizado desde los 11 o 12. Les preguntamos qué hicieron en ese tiempo y nos dicen que “nada”. Deambularon por las escuelas y las esquinas», asegura Alberto Gallini, operador comunitario del Centro de Referencia de Lomas de Zamora, que recibe jóvenes en conflicto con la ley de ese distrito, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza, en el segundo cordón del Conurbano bonaerense.
Las causas «no son sólo familiares sino también sociales», coincide el especialista. «Si bien los mayores a veces no cumplen con su responsabilidad, el Estado en general interviene recién a través de nosotros, que es cuando los lazos ya se rompieron», reconoce. Aunque «los delitos se cometen en todas las clases sociales, la mayoría de los que “agarran” son pobres. Hay chicos que ni siquiera tienen DNI y que recién se lo hacen cuando tienen un problema», grafica el especialista. La letra escrita y las organizaciones de profesionales o voluntarios velan para que se pueda actuar antes e impedir que la violencia social que atraviesan algunos chicos y chicas genere otros focos de agresión. Un camino complejo, pero con esperanza.
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