Ley de semillas Monsanto/Bayer
Empresas transgénicas beneficiadas con la privatización de semillas patentadas
Por Ayelen Dichdji
Pequeños productores reclamaron frente al Congreso de la Nación en rechazo a la modificación de la Ley 20.247 de semillas y de creaciones fitogenéticas que pone en peligro la soberanía alimentaria
En los últimos meses la discusión sobre la modificación de la Ley de Semillas 20.247 y sus consecuencias -en el corto, mediano y largo plazo- fueron y continúan siendo inagotables. En consecuencia, el pasado 13 de noviembre la Comisión de Agricultura, Presupuesto y Legislación de la Cámara de Diputados convocó al plenario de comisiones. El objetivo era avanzar en el tratamiento del proyecto para conseguir su dictamen antes de culminar el 2018.
Las negociaciones se desarrollaron en las sombras entre las grandes semilleras y el Gobierno nacional en desmedro de los pequeños agricultores, la soberanía alimentaria, la salud y el ambiente. En breves palabras, esta privatización beneficia a las corporaciones del agronegocio como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva y Basf. Les otorga la posibilidad de cobrar regalías en cada oportunidad que los productores empleen semillas de su firma en las plantaciones.
Un dato no menor para destacar es que los cuatro grupos empresariales mencionados dominan el mercado mundial. A su vez, controlan el 90% de las semillas transgénicas y también son dueñas del 60% de todas las semillas, sean o no convencionales (tan solo Monsanto es dueño del 25%).
Esta modificación junto a la fusión de las megaempresas y la utilización de semillas transgénicas no puede desentenderse de un conflicto crucial, por su magnitud y por su actualidad, como es el empleo de agrotóxicos en zonas rurales de nuestro país. Químicos que, por otra parte, son provistos por las mismas empresas semilleras que se encuentran en el ojo de la tormenta de esta ley. El cultivo más vinculado a estas prácticas es la soja, aunque no es el único. De esta forma, la lógica mercantil es la misma siempre: se antepone el afán de lucro a la salud humana y ambiental.
La utilización de agroquímicos en los cultivos de nuestro país abre el debate en el ámbito político, económico y social, ya que se pretende establecer una producción sostenida sin considerar los perjuicios que acarrea. De la mano de la expansión de los monocultivos también entra en juego la presión ejercida contra las comunidades originarias obligadas a arrendar tierras para su subsistencia, aunque luego esos terrenos son contaminados. En consecuencia, se ven acorraladas por no poder desarrollar sus prácticas tradicionales de agricultura ni contar con espacios de comercialización que están acaparados por las empresas multinacionales. Es decir que, atentan contra la práctica de la agricultura familiar, campesina y de los pueblos originarios. Estamos, así, frente a un paradigma de concentración corporativa que pone en peligro el sustento básico de la cadena alimenticia, por un lado, al cercenar el uso de semillas y, en paralelo, por emplear tóxicos en los cultivos. En este sentido, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) sostienen que el control del uso de semillas implica el dominio de la agricultura y, por lo tanto, de la alimentación. Además, los cambios en la ley traen aparejados: incremento en la contaminación, descenso de la elaboración de alimentos saludables y un aumento en los costos de producción.
Las grandes empresas del agronegocio llevan décadas intentando implementar estas restricciones que, a su vez, les aseguran mayores ganancias. La ley prohíbe almacenar las semillas para utilizarlas en la próxima siembra y arremete contra el libre intercambio entre productores. El mayor riesgo implica, entonces, la pérdida de soberanía alimentaria en manos de megaempresas transgénicas que vulneran la salud y la naturaleza.
Uno de los mayores opositores a estos atropellos lo representa la Multisectorial en Contra de la Ley Bayer-Monsanto, integrada por comunidades campesinas, organizaciones sociales y académicas. Advierten que la iniciativa pone en peligro los recursos naturales de nuestro país, de igual modo, excluye a los agricultores y ciudadanos de la discusión. Por otra parte, sostienen que se convalida la posibilidad de apropiación de las semillas criollas y nativas. Se legaliza, así, lo que denominan como «biopiratería» o «robo de la naturaleza». De este modo, aseguran que el proyecto modifica el Derecho de Uso Propio de los Agricultores por el Derecho de Obtentor como eje de la agricultura argentina. Esto implica que el titular del derecho de una variedad protegida de semillas podrá requerir el pago correspondiente a quien la reserve y utilice para uso propio en cada propagación o multiplicación posterior.
Lo antedicho genera una contradicción con la normativa vigente a la que Argentina se encuentra adscripta, puesto que el derecho de los agricultores es vulnerado promoviendo la apropiación de semillas (descubiertas o creadas colectivamente) en manos de multinacionales transgénicas y contaminantes. De la misma manera, les permite a estas empresas deducir de la Ley de Impuesto a la Ganancia el valor abonado en concepto de «adquisición de semilla fiscalizada». ¿Traducción? La financiación de esa operación quedará en manos del Estado nacional, un plus que continúa beneficiando al agronegocio en nuestro país.
Frente a este contexto, las organizaciones ambientales y asambleas sociales son fundamentales para visibilizar la problemática, el impacto en la salud de la población y del entorno natural. Conviene subrayar, para finalizar, que tanto el conflicto por el uso de agrotóxicos como la disputa por las semillas no es nuevo. Por el contrario, ya en la década de los setenta y ochenta se hacía mención de estas problemáticas. Como conclusión, lejos de progresar la situación se ve negativamente potenciada cuatro décadas más tarde.
