CABA: el paraíso terrenal de la especulación inmobiliaria
(Parte 2).
Por Maximiliano López
Ampliación del campo de batalla
En tiempos de crisis económica internacional, los recursos especulativos se dirigen más que nunca a la inversión en vivienda. La incesante demanda de las fuerzas de mercado compite por el suelo, pero no para usarlo en pos de la productividad y la economía real, sino por una expectativa de rentabilidad a corto plazo. La entrada de fondos financieros, robustecidos por los fondos de pensión y los commodities, al mercado de la construcción modificó, a una escala internacional, la forma de construir: se incumplen leyes y normas, poniendo en juego a los trabajadores, a los vecinos, y se excluye la posibilidad de compra de sectores medios y precarios, y destruye el espacio público. Así, se acentúa la precariedad como forma de relación social.
La política habitacional de CABA se restringe, en este escenario mundial, solamente a “atraer inversiones”. Se ha servido del marco neoliberal de urbanismo, impuesto hacia los años 1970, 1980 y 1990 en la región y el país, para rediseñar la ciudad con el objetivo de orientarla a la proliferación de grandes negocios privados, y crear zonas de exención fiscal y cobertura en infraestructura para determinadas actividades económicas (farmacéutica, audiovisual y tecnológica). Iniciativas todas que pueden ser un motor de gentrificación parcial en zonas derruidas como Barracas, por poner un ejemplo. Sin embargo, su concepción y forma de ser puestas en práctica no contemplan a otros actores dela comunidad. Sonproyectos a través de los cuales el poder económico, amparado por el poder político local, opera de forma autoritaria sobre un mapa que le resulta abstracto y desconocido. La unilateralidad y el relegar la sustentabilidad comunitaria en procura de una sustentabilidad empresarial no dan como resultado, a mediano plazo, un modelo incluyente e integrado de urbanismo.
Allende que existan planes concretos para reactivar (parcialmente) barrios puntuales, en los últimos diez años se ha asistido también a un proceso de gentrificación, término que hemos venido empleando. Se le llama así a la transformación urbana que conlleva la revalorización y el encarecimiento de zonas abandonadas, degradadas o bien pobladas por familias precarizadas, que son desplazadas gradualmente por intereses económicos poderosos en su búsqueda por asentar proyectos urbanísticos suntuosos, dirigidos a sectores medios-altos y altos. Este fenómeno ha sido fuertemente llevado a cabo en zonas de la Ciudad y el Conurbano, y ha hecho visibilizar marcadas asimetrías sociales y económicas.
La situación habitacional es particularmente preocupante en la Ciudad Autónomade Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, donde existe la mayor densidad demográfica del país, así como el mayor volumen de actividad económica. Esta se da, por un lado, como producto de la ya histórica centralización de las fuentes laborales y, como consecuencia, de la llegada continua de migrantes del interior del país y de naciones limítrofes que, en gran parte, son personas que se desplazan de sus lugares de origen por motivos principalmente económicos (convenientes para la vigorización permanente de un esquema de poder concentrado). Y, por otro lado, tan aumentada densidad es resultado de la ampliación indiscriminada de la frontera agrícola, a raíz de boom sojero y de otras actividades basadas en commodities (minera, hidrocarburifera, etc.). Así, se genera un escenario de tensión permanente en la lucha por acceder al suelo propio. Una pugna desigual entre el Mercado y la Comunidad, en la que es menester que el Estado, en todos sus niveles, intervenga más a fondo.
La crisis de la tierra, el espacio público y la vivienda en la Ciudad y otras zonas del país se halla atada a la buena salud de un modelo económico que, por obra del Gobierno nacional, redistribuye recursos pero, también, por otras vías, agudiza problemas. Más allá de la faceta de reparación y contención implementada por el PEN en aspectos importantes, la ciudadanía está atravesada por un tipo de crecimiento que presenta costos obstaculizadores para poder expandir la promesa redistributiva hacia sectores que aún no percibenla derrama. Porquemientras mayores son las riquezas, más se consolidan las jerarquías socio-económicas y sus influencias en el poder político. Los grupos económicos que explotan granos y minerales no sólo apelan a la tecnología para hacerse invulnerables, sino que también transforman su gallina de los huevos de oro en ladrillos con los que se construyen palacios de concreto y vidrio subhabitados. Y también pueden expresarse en potenciales millones de votos para que la nueva derecha neoliberal que gobierna CABA se perfile como opción presidencial en 2015. Se posibilitaría así una imposición a nivel nacional de los mismos conceptos, parámetros y proyectos urbanísticos que rigen en la Ciudad por sobre la agenda más inclusiva en materia de suelo y vivienda propuesta porla actual Presidencia.
Más allá de las limitaciones actuales y las especulaciones angustiantes a futuro, se hace necesario que el Estado, desde Nación hasta la Ciudad (si esto último puede ser posible), incremente, en la medida en que lo permita la coyuntura, su rol central, no sólo en la construcción directa de viviendas accesibles y la preservación armoniosa del espacio público, sino también para regular el sector, focalizándose en los siguientes ejes de fondo.
– Regulación del suelo, planificación de la ciudad tomando en cuenta las distintas necesidades (viviendas populares, espacios comerciales, etc.), y que esta distribución no la defina el poder de ingreso de cada ciudadano. Este sistema se da en países de Europa como Gran Bretaña, donde cada urbanización privada debe aportar el 30% de la superficie de tierra para viviendas de sectores de bajos ingresos, y en Francia, donde aportan el 20%. En este sentido, la Ley de Tierras, aprobada por el Poder Legislativo Nacional, constituye un avance que, invariablemente, supone algún tipo de regulación sobre la política urbanística de la CABA.
– Castigar la especulación inmobiliaria. Esto puede llevarse a cabo a través de políticas impositivas. Países, como Brasil, protegen a nivel constitucional la función social de la propiedad, y fijan impuestos progresivos; incluso se puede llegar hasta la expropiación, a modo de sanción, a un propietario.
El otro eje debe centrarse en seguir reactivando el acceso al crédito hipotecario:
– Créditos y subsidios que tengan en cuenta no sólo los ingresos de los solicitantes, sino que garanticen el acceso de los distintos sectores de los trabajadores al crédito y, con ello, a la vivienda propia. En este sentido, se puede apelar a la experiencia histórica del Banco Hipotecario Nacional, que fue la herramienta central en la autoconstrucción de vivienda de los sectores obreros. Los planes Pro.Cre.Ar, Primera Casa BA, así como otras iniciativas audaces y modernas en el plano provincial-municipal, surgidas recientemente, representan pasos notables en este tópico.
– También deben recuperarse otras herramientas, como las cajas y las cooperativas de crédito, entidades que devuelven a la comunidad el ahorro de ésta y se constituyen en un actor central para el desarrollo local. Estas entidades, por su cercanía territorial, pueden ser un factor clave para repensar líneas de crédito acordes con las distintas realidades, no sólo en cuanto a montos sino también a la hora pensar los requisitos, y constituir formas distintas de la banca tradicional.
Luego de más de nueve años de crecimiento económico, quedó demostrado que éste, por sí solo, no repercute en mejores condiciones de vida de los ciudadanos, así como también quedó demostrado que el derecho a la vivienda no puede depender mayoritariamente de los vaivenes del mercado. Ya que éste ha sido el factor primordial que posibilitó la actual crisis habitacional y la emergencia de una tensión alarmante respecto del suelo que ha sido alimentada en Buenos Aires, a partir de los años 2001-2002.
Dado este escenario, las confrontaciones alrededor de la vivienda y el espacio público en CABA han adquirido un carácter cotidiano, porque las potencias populares desbordan los estrechos límites fijados por la propiedad en el marco de planeamientos urbanos excluyentes, como el que propone la gestión capitalina actual. Es por ello que la vivienda digna y el mantenimiento del espacio público requieren iniciativas específicas e indispensables, en un marco de trabajo conjunto, que incluya a la comunidad, a un sector privado regulado, y a un Gobierno local dispuesto a revertir el avance descomunal de la especulación inmobiliaria en su política urbanística, con el objetivo puesto en recuperar décadas de abandono.
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Fuentes bibliográficas
(1) http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/copua/plan_urbano_ambiental.php
(3) Ibídem.
(4) Ibídem.
(5) Ibídem.
(6) http://www.ensantelmo.com.ar/vernota.php?id=793
(7) http://www.buenosaires.gov.ar/areas/jef_gabinete/vivienda/148.php
