Será uno de los proyectos centrales para tratar en el próximo período parlamentario.

Por: Paula Rizzi

 

La «Ley de Tierras» establece que no más del 20 por ciento del territorio argentino puede estar en manos de extranjeros y que cada propietario no debe superar las mil hectáreas.

 

Argentina es conocida en el mundo por ser una de las naciones más privilegiadas para el desarrollo agrícola-ganadero: cuenta con una extensa llanura fértil de clima templado, que históricamente ha sido objeto de interés para los inversores extranjeros. La apertura hacia este tipo de capitales ha provocado que, en la actualidad, unas 22 millones de hectáreas se encuentren extranjerizadas. Estos territorios, que equivalen a un 20 por ciento del total del suelo argentino, por lo general corresponden a norteamericanos y europeos que utilizan la propiedad como sede de grandes empresas trasnacionales.

Entre las actividades que más desarrollan estas corporaciones, se encuentran la agricultura intensiva y la extracción de recursos naturales, como agua y minerales. Luego de algunos años de explotación, el territorio generalmente queda devastado y se vuelve improductivo. En ese momento, los empresarios regresan a sus países, con todas las ganancias bajo el brazo.

A fin de ponerle un freno a esta situación, desde el Gobierno nacional se está impulsando una reglamentación que busca limitar el acceso a la tierra por parte de los extranjeros. Con el nombre de «Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales», un proyecto de ley fue presentado este año en el Congreso y se perfila como uno de los temas de debate más importantes para el próximo período parlamentario. El problema es que esta controvertida iniciativa genera tanto opositores como adeptos; más si se tiene en cuenta que lo que se pone en juego son los capitales de grandes compañías y empresarios, quienes dependen de la explotación en el suelo argentino para multiplicar sus ganancias.

En los fundamentos de este proyecto oficial, se define la tierra como «un recurso estratégico natural escaso y no renovable», cuya titularidad corresponde al pueblo argentino. Es por eso por lo que, entre sus puntos principales, se establece que no más del 20 por ciento del territorio de cada provincia, municipio, departamento o comuna puede pertenecer a extranjeros, y que la extensión en manos de cada titular no puede superar las mil hectáreas.

Esta propuesta se produce en sintonía con leyes similares que han comenzado a regir hace pocos años en otros países del mundo. Tal es el caso de Brasil, que en agosto de 2010 limitó a los extranjeros la compra de tierras rurales: entre 250 y 5 mil hectáreas, según la región. Por su parte, Estados Unidos y Canadá cuentan con regulaciones que van desde la prohibición de la compra hasta la ausencia de toda restricción.

Si bien en reiteradas oportunidades el Poder Ejecutivo nacional ha fomentado el tratamiento del proyecto en el Congreso, los conflictos de intereses han logrado que el tema se volviera eje de intensos debates y, por este año, quedará «cajoneado» junto con muchas otras iniciativas que están a la espera de ser aprobadas. Mientras tanto, la oposición y gran parte de las entidades ligadas al sector agropecuario piden que se analice en profundidad el texto y que se busque un consenso entre todos los involucrados.

Si bien es cierto que esta «Ley de Tierras» no va a marcar el fin de los monopolios extranjeros en el suelo nacional, su debate y su tratamiento son fundamentales para comenzar a pensar en un desarrollo más justo y equitativo, centrado en la preservación de los recursos naturales.

Al respecto, hay que resaltar que la problemática de la tierra produce grandes conflictos sociales que, por lo general, son silenciados. Existen desalojos, enfrentamientos, explotación, e incluso la muerte de campesinos, como ocurrió hace pocos días con Cristian Ferreyra, militante de MOCASE Vía Campesina; fue asesinado en Santiago del Estero por su defensa del territorio, pero los grandes medios de comunicación se encargaron de desinformar sobre este hecho atravesado por tantos intereses políticos y económicos.

Por el momento, resta esperar a que comience un nuevo período legislativo, en el que se promete tratar la «Ley de Tierras» propuesta por el Ejecutivo. Con sus virtudes y sus defectos (que deben ser analizados a fondo), este proyecto, sin duda, sienta las bases de una necesaria discusión para garantizar una mejor distribución de la tierra, con más soberanía e independencia en el uso de los recursos naturales.

 

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